Editorial: Delitos de color

Aunque la igualdad ante la ley es la máxima imperante en el Perú y en la comunidad internacional, diversos pasajes de la historia nos muestran que ello no siempre fue así. En Estados Unidos durante la Guerra Fría, por ejemplo, pertenecer a organizaciones comunistas era un ilícito penado con la pérdida de derechos civiles y políticos. En el Perú, algunas corrientes políticas también fueron objeto de persecución estatal, como la del propio comunismo y el aprismo durante el gobierno de Manuel Odría.

Hoy en día, sin embargo, subsisten algunas inclinaciones hacia manejar un doble estándar en la aplicación de la ley por razones ideológicas, como algunos conspicuos representantes de la izquierda local han evidenciado en los últimos días cuando se trata de condenar a quienes cometieron algún delito.

Al referirse a los hechos de corrupción acaecidos en anteriores gobiernos, los líderes de la izquierda peruana suelen ser muy tajantes tanto en su reproche a quienes cometieron tales delitos como en la imposibilidad de que aquellos puedan volver a ocupar un rol importante en la vida pública.

Así, durante la campaña electoral pasada, la entonces candidata presidencial del Frente Amplio (FA), Verónika Mendoza, señaló que desde su partido propondrían “la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, eso que se propuso y que el fujimorismo no quiso. La muerte civil, un funcionario que le robó al Estado no puede seguir en la administración pública, hay que acabar con la impunidad”. Y en el mismo sentido, la parlamentaria del FA María Elena Foronda señaló hace unas semanas: “Nosotros, cuando hablamos de muerte civil, es para aquellas personas que han robado al Estado, que han sido judicializadas por actos de corrupción, como lo que han hecho muchos fujimoristas”.

Sin embargo, no se encuentra ese mismo nivel de severidad cuando se trata de otros delitos que también dañaron mucho al país. Recientemente, por ejemplo, tenemos la defensa que la congresista del FA Marisa Glave realizó respecto de la publicación de un texto del ex líder del MRTA y condenado por el delito de terrorismo Alberto Gálvez Olaechea en la revista “Ojo zurdo” –publicación editada, entre otros, por Jorge Millones, militante del FA y esposo de Verónika Mendoza, y Álvaro Campana, su ex jefe de campaña–, cuya última edición presentó la parlamentaria en un evento público. 

“Yo creo que es fundamental que cualquier persona que ha pagado pena tenga la posibilidad de tener una vida activa en sociedad…”, justificó Glave. Y si bien es cierto que el sentenciado por un delito tiene el derecho a la resocialización, no parece ser que en el FA manejen el mismo canon cuando se refieren a los responsables de otras transgresiones. Más bien, su actitud clemente en este último caso se presta a la suspicacia sobre si la valoración moral y condena que amerita un crimen depende para ellos, más bien, del origen ideológico del perpetrador. 

De hecho, no se trata del primer episodio de falta de congruencia en lo que a las repulsas de la izquierda peruana concierne. Basta comparar la fluidez de palabra que exponen los representantes del FA para condenar –justificadamente– la dictadura fujimorista en la década de los noventa con el tullimiento vocal que les impide utilizar el mismo sustantivo para describir al régimen chavista en Venezuela. Incluso, hoy en día, cuando algunos de sus representantes parecen esbozar un tibio respaldo al proceso revocatorio que el gobierno de Nicolás Maduro, no obstante, viene obstaculizando en el país del norte, su lideresa más visible, Verónika Mendoza, intenta contemporizar su crítica responsabilizando al “modelo extractivo” que supuestamente impera en ese país. Como si los atentados a los derechos humanos, la encarcelación de opositores políticos, la limitación a las potestades parlamentarias o la restricción de los derechos políticos de sus ciudadanos fueran tributarios de modelo económico alguno.

En fin, parece ser que, desde el FA, antes que la gravedad del delito importa más el color de la bandera del autor.