Editorial: El indolente brazo de la ley

Los restos de Solsiret Rodríguez, la joven estudiante de Sociología desaparecida desde hace casi tres años y medio, fueron hallados el martes pasado en la casa de Andrea Aguirre Concha, pareja de Kevin Villanueva, hermano de Brian, otrora conviviente de la víctima. Según la confesión de Aguirre ante las autoridades, su enamorado desmembró el cuerpo de Rodríguez luego de que esta se cayese, se golpease la cabeza y muriera, como consecuencia de un forcejeo que habría ocurrido durante una discusión entre las dos mujeres. Empero, de acuerdo con la policía, los resultados de la necropsia contradicen esta versión, pues el deceso habría sido causado por un golpe infligido con un objeto contundente en la cara de Solsiret.

En los últimos días, sin embargo, el protagonismo no lo han tenido solo la víctima y sus victimarios. El ojo de la tormenta también ha estado, y con justa razón, en la cadena de indolencia e incompetencia que, en los últimos tres años y medio, ha venido estrangulando las posibilidades de que se conozca lo que ocurrió con Solsiret Rodríguez. Su caso es otro ejemplo de la desidia estatal que hemos criticado desde esta página en más de una ocasión y para entender lo grave de la situación es importante tomar en cuenta el periplo de Rosario Aybar y Carlos Rodríguez, padres de la fallecida.

En un principio, por ejemplo, las autoridades no quisieron aceptar la denuncia por desaparición, a pesar de los reclamos de los padres. Brian Villanueva, por su parte, había ido a la comisaría para asegurar que Solsiret había abandonado el hogar para irse a Huaraz, dejando atrás a sus hijos. Tuvo que pasar una semana para que, al fin, se aceptara y se emitiera una nota de alerta. Pero en la División de Personas Desaparecidas el trato no mejoró. Según relata el señor Rodríguez, por ejemplo, un agente le dijo: “Usted no sabe la clase de hija que tiene”, una frase que, aunada a otras que aseguran haber recibido (“seguro se fue con otro”, “está cansada de cuidar a su hija”, etc.), da cuenta de los prejuicios que guiaban a los policías a cargo de la investigación.

No obstante, la torpeza policíaca quedaría representada de manera meridiana en un afrentoso informe emitido por la Dirincri en enero del 2017, donde se concluía, con sustento en fotografías capturadas antes de su desaparición, que Solsiret Rodríguez estaba de paseo por el norte del país. Incluso Carlos Basombrío, ministro del Interior en esa época, remitió el informe a la parlamentaria Indira Huilca, quien había solicitado información sobre el caso. El miércoles pasado, el ex miembro del Gabinete asumió la responsabilidad política por el hecho y aseguró que “si pudiera renunciar de nuevo, lo haría”.

El curso de las investigaciones recién tomó un giro en el 2019, cuando el caso es asumido por la División de Homicidios de la Dirincri. Para junio los peritos habían verificado que una serie de mensajes presuntamente enviados por Solsiret no habían sido escritos por ella y las pruebas de geolocalización determinaron que el chip del teléfono de la estudiante fue colocado en el de Andrea Aguirre el día de su desaparición. Estos hallazgos, aunque ayudaron a que las pesquisas avanzaran, dieron cuenta de aquello que tuvo que haberse logrado muchísimo antes.

Pero esta actitud de las autoridades, como hemos dicho, no es exclusiva a la situación que nos ocupa. La desidia parecería ser una característica intestina de nuestro sistema de administración de justicia y, aunque suele señalarse a uno u otro funcionario como emisario de la indolencia cuando hechos como este se hacen públicos, la verdad es que el problema trasciende a los individuos. ¿Cómo se explica, si no, el caso de Jesica Tejeda, asesinada junto a tres de sus hijos a 159 metros de una comisaría, a la que acudieron múltiples vecinos a pedir auxilio solo para obtener una respuesta harto tardía? ¿Qué otra razón explicaría que solo el 16,8% (INEI) de las víctimas de un delito lo denuncie ante la policía?

Es claro que urgen cambios en el sector y en el Estado en general. Es clave que los funcionarios públicos entiendan que, en su trabajo, tratan con personas de carne y hueso a las que el desgano hace vulnerables y para ello son necesarias reformas profundas y sinceras. Los remedios superficiales, como recién reunirse y pedirles disculpas a los familiares de las víctimas –con fotógrafos de por medio–, no bastan.