Editorial El Comercio

Parece que en el Perú no puede pasar un período parlamentario sin que al menos un congresista sea noticia por sus problemas judiciales. El lunes de esta semana, sentenció al legislador (), uno de los integrantes del grupo de , a cuatro años de prisión suspendida por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. En otras palabras, que el hoy condenado mintió en una declaración jurada que presentó en el 2013 ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la que afirmó que era “egresado” de una carrera que nunca estudió y en una institución en la que solo aparece matriculado en un curso de dos meses.

En diciembre del 2021, cuando la procuraduría del JNE lo denunció por este hecho, el congresista le dijo al programa “Panorama” que todo fue culpa del personero del partido de la lampa. “Nuestros personeros son gratuitos, a vocación de servicio, no hay un pago de por medio y el personero no estaba preparado”, explicó, a pesar de que el documento que gatilló el proceso en su contra lleva su rúbrica.

Consultado ahora por este fallo, el legislador ha cambiado de versión y ha alegado que todo se debe a unas “fuerzas oscuras” que estarían tratando de silenciarlo. “Ahora que soy congresista […] pretenden, por una presión mediática del Poder Judicial, involucrarme en esta sentencia suspendida”, sostuvo en la noche del lunes en una entrevista en Panamericana, y avisó: “Voy a decir mi verdad, lo que está pasando en el Congreso, y cuáles son las fuerzas oscuras que pretenden polarizar al país”. Hay que decir, sin embargo, más allá de las soflamas con tintes conspirativos de la denuncia del parlamentario, que la realidad luce bastante más pedestre, pues estamos ante el enésimo caso de un político edulcorando su hoja de vida para aparecer ante sus electores como alguien con más pergaminos de los que en realidad tiene.

Su caso, además, permite revisitar un mal endémico de nuestra clase política: la persistencia de legisladores que son condenados por el Poder Judicial cuando se hallan en funciones y la necesidad impostergable de ponerle coto a esta circunstancia.

Como hemos dicho reiteradamente desde este Diario, existe una dosis de responsabilidad en los partidos políticos que llevan en sus listas a individuos cuyos nombres, al poco tiempo de ser elegidos, resultan apareciendo en documentos judiciales. Ya le ocurrió hace algunos meses a Somos Perú con , y le ocurre ahora a Acción Popular con Doroteo. Y si en su momento no tuvieron la decencia de revisar los antecedentes de a quienes les permitieron postular bajo sus colores, pues una vez conocidos estos debieran ser los primeros en pedir algún tipo de sanción contra ellos, dado que es evidente que, habida cuenta de que la sentencia contra el legislador iqueño es en primera instancia, los peruanos tendremos que asistir nuevamente al triste espectáculo de ver a un condenado acudiendo y votando en las sesiones congresales como si nada hubiese ocurrido.

Lo segundo es que este episodio ilustra también la necesidad de una reforma política que corrija la incongruencia legal que hoy, por ejemplo, impide que una persona sentenciada en primera instancia postule al cargo de parlamentario, pero que no contempla un mecanismo similar para remover rápidamente al legislador que obtiene una sentencia en la misma instancia una vez que se encuentra instalado en su curul.

Consultado ayer en Exitosa por cómo se siente al ser señalado como uno de ‘Los Niños’ de Acción Popular que, según la colaboradora eficaz, , hacían caso en todo al presidente , el congresista Doroteo aseguró que recibir ese calificativo, pues “el niño representa una imagen de ser una persona con muchos valores”. Hay que decir, sin embargo, que este ‘niño’ proyecta más bien todo lo contrario y que la sentencia de esta semana lo retrata como alguien capaz de mentirle a sus votantes y al partido que lo postuló, como su cómplice en ese empeño.

Editorial de El Comercio

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