Editorial: El país en juego

Las diversas crisis que el país ha vivido en los últimos cinco años garantizan que la elección del 2021 será muy diferente a cualquiera que hayamos experimentado en las últimas dos décadas. Este último lustro ha estado marcado por los conflictos entre los poderes del Estado, por la renuncia de un presidente, por la disolución del Congreso, por la apoteosis de múltiples casos de corrupción con políticos y autoridades como protagonistas –como Lava Jato, el ‘club de la construcción’ y ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’– y, en el 2020, por una voraz pandemia que ha puesto de rodillas a nuestro precario sistema sanitario y dañado gravemente nuestra economía.

Por todo ello, la campaña electoral en ciernes promete poner en juego mucho de lo que ha caracterizado al país desde comienzos de este siglo. Y aunque algunos de los cambios propuestos podrán ser positivos, es muy probable también que el populismo y las recetas que fallaron en el pasado vuelvan a tener representantes –como viene ocurriendo en nuestro Parlamento–. Así, quedará en las manos de los electores defender aquello que le ha hecho bien al país y exigir cambios donde verdaderamente tengan que hacerse.

La vigencia de la actual Constitución es un ejemplo de lo primero. Como suele ocurrir, y como sucederá ahora que los bolsillos de los peruanos se encuentran particularmente golpeados por la epidemia del COVID-19, habrá candidatos que propongan cambiar la Carta Magna y, con ella, la manera en la que nuestra economía viene siendo conducida. El valor de un modelo que promueve la libre iniciativa privada, que logró que la pobreza se redujese en casi 40 puntos porcentuales desde el 2004 y bajo el que el presupuesto público ha aumentado en más de 400% en los últimos 20 años, será cuestionado y acusado de haber generado todo lo contrario a lo que en realidad ha conseguido. Cuando la clave para salir del trance actual es fortalecer lo que nos viene funcionando, no demolerlo.

Asimismo, otro de los principales argumentos se centrará en que supuestamente el actual sistema ha precarizado nuestros servicios públicos. Sin embargo, ahí entra a tallar lo que los peruanos sí debemos tratar de cambiar: a los funcionarios que no han logrado sacarles provecho a las décadas de crecimiento económico que el país ha experimentado. Con el dinero en las arcas públicas aumentando de la mano con nuestro PBI, es una afrenta asegurar que no ha habido dinero para hacer las mejoras que nuestros hospitales, colegios y comisarías han necesitado. La corrupción y la cruda incapacidad de gestión tienen que ser desterradas para corregir todo aquello que nos ha pesado durante la pandemia y solo el mantenimiento de nuestra solidez macroeconómica nos dará los recursos para solventarlo.

Todo lo anterior nos lleva también a la necesidad de buscar candidatos dispuestos a emprender las reformas que han quedado en el tintero en los últimos tiempos o que han sido emprendidas a medias. Entre las principales está la laboral, que exige cantidades importantes de voluntad política para flexibilizar un sistema que ha contribuido a mantener a más del 70% del país en la informalidad. El hecho de que ese número esté aumentando con la crisis que vivimos solo lo hace más importante.

Además, las reformas política y judicial deben continuar. A propósito de la primera, el retorno a la bicameralidad debe encabezar la agenda, con la esperanza de que aumente la calidad de las normas implementadas por nuestro Legislativo.

En suma, es evidente que en el 2021 estará en juego el futuro del país. Quedará en las manos de los electores decidir cómo lucirán los años por venir y decidir si construimos sobre lo logrado o si elegiremos desviarnos hacia el populismo. Usted decide.