Editorial: El presidente opaco

Luego de apenas dos meses de gestión, los tambores de guerra entre el Ejecutivo y Legislativo empiezan nuevamente a sonar. La sorprendente tozudez del presidente Pedro Castillo para no separar del cargo a su titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y al insostenible ministro de Trabajo, Iber Maraví, encamina al país hacia una próxima confrontación de poderes. El escenario político, pues, vuelve a ser uno de tensión máxima.

Es precisamente en estas situaciones de incertidumbre en las que se hace mucho más relevante contar con un periodismo independiente y fortalecido. En los momentos recientes más convulsos para la vida del país, la libertad de prensa y de opinión ha sido clave para garantizar los derechos ciudadanos de acceso a información pública relevante y para fiscalizar al poder de turno.

En ese sentido, esta semana se publicó una encuesta de Ipsos Perú en la que destaca que, mientras el 80% de la población opina que “el Gobierno debe respetar plenamente la libertad de prensa”, otro 17% piensa que “el Gobierno debe controlar los medios”. La abrumadora mayoría a favor de la libertad de prensa es una buena noticia y una fuente de protección popular ante los intentos de interferir o limitar la acción de los medios, pero no debe darse por garantizada.

Esta defensa a la libertad informativa no solo es relevante por la actual volatilidad política, sino debido a la falta de compromiso que el Gobierno y el partido oficialista han demostrado hasta ahora con ella. Como publicamos en este Diario ayer, desde la toma de mando en julio, el presidente Castillo ha respondido a reporteros en tan solo siete ocasiones que suman 30 minutos de duración. No ha otorgado ninguna entrevista ni encabezado conferencias de prensa interactivas. Ello lo coloca como el mandatario que menos ha rendido cuentas a la ciudadanía en los últimos diez años.

Por supuesto, a esta opacidad presidencial se le suman los esfuerzos de sus allegados para maniatar a la prensa independiente. La bancada de Perú Libre introdujo ya un proyecto de ley destinado a controlar contenidos. Y, hace una semana, el titular del MTC, Juan Francisco Silva, señaló: “El Canal 7 nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño, también tenemos que hacer cambios ahí”. La frase trasluce una profunda tergiversación de las funciones informativas del canal del Estado para ponerlo al servicio político del Gobierno.

Ayer, en estas páginas publicamos la experiencia de la autocracia de Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega ha suprimido a la prensa independiente a través de métodos que van desde la retención de papel hasta el uso de la policía. El viernes 1 de octubre, a propósito del Día del Periodista, entrevistamos a Diego Cabot, periodista argentino y autor de una investigación sobre la corrupción y abusos del régimen de Cristina Fernández. En ella se revela la importancia del periodismo independiente para visibilizar estructuras torcidas de poder, así como la respuesta violenta de estas para evitar salir a la luz. Sumados a ejemplos como los de Ecuador y Venezuela, estos casos nos recuerdan la fragilidad de las instituciones que, por este lado del mundo, son las responsables de cuidar la libertad de prensa y de expresión. Perder esa lucha desarma a la población y la deja a merced de los aparatos públicos de información. Las consecuencias son funestas y pueden tomar años en revertirse. Desde el Perú, la defensa por la libertad de prensa permanecerá firme a pesar de cualquier intento por acallarla desde el poder político.