Editorial: Essalud por el embudo

“Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley” es una frase cuya autoría estaría mal atribuida al mariscal Óscar Benavides, pero cuya veracidad es fielmente aplicable al Estado Peruano. Ejemplos abundan. Uno de los más notorios es el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). A través de este modo de contratación laboral, el Estado dispone de facilidades de despido inexistentes para el sector privado, del ahorro parcial en beneficios como las gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), y de otras condiciones que hacen menos costoso y arriesgado contratar trabajadores. 

Pero esta no es la única circunstancia en que aplica la llamada ley del embudo (‘lo estrecho para otros, lo ancho para uno’) en el sector público. Según el artículo 6 del Decreto Legislativo 1057, hay un límite en el monto de las contribuciones a Essalud que el Estado aporta por cada trabajador público de régimen CAS (quienes, dicho sea de paso, son más de 200 mil empleados).

Mientras que la proporción de pago a Essalud para los empleadores del sector privado es de 9% del sueldo de sus trabajadores –independientemente del nivel de ingresos–, para las entidades empleadoras del Estado existe un máximo de 30% de una UIT sobre los cuales deben pagar para cubrir la aportación de seguro social de sus trabajadores bajo el régimen CAS. En palabras de la ex ministra de Salud Midori de Habich, “se puede tener un sueldo de S/15.000, pero las entidades públicas solo pagan el 9% sobre un tope salarial de S/1.500. El Estado paga menos para ahorrar, pero le genera al seguro un serio problema de financiamiento”. Estas exoneraciones para el Estado se extienden, además, a otros sectores con regímenes distintos al CAS, como Salud y Educación.

Más allá del doble rasero con el sector privado, resulta paradójico –por decir lo menos– que desde el Estado se promueva una política que permite subsidiar la contratación de personal con altos ingresos a costa de la de personal con bajos ingresos para ahorrar dinero en la provisión de salud de los ciudadanos. El resultado es un sistema de subsidios cruzados donde los recursos fluyen de abajo hacia arriba mermando la posibilidad de los menos afortunados de acceder a un servicio tan esencial como la salud.

¿Qué proponen los principales candidatos –según las encuestas– para resolver este problema y de paso cubrir los S/17 mil millones en que se estima el déficit de camas y médicos que tiene la entidad? La respuesta es corta: poco. 

Los planes de gobierno de Fuerza Popular y de Alianza Popular apenas si mencionan a Essalud. Mientras que la primera agrupación no la incluye entre sus propuestas, la segunda solo lo hace brevemente para precisar que los profesionales de la salud puedan trabajar para el Ministerio de la Salud y para Essalud al mismo tiempo. El plan de Acción Popular, de Alfredo Barnechea, no hace siquiera referencia a la institución en la escueta media página que le dedica a todo el sector Salud.

El plan de Frente Amplio sí destaca la necesidad de incrementar el financiamiento a Essalud, pero queda ostensiblemente corto en dilucidar la manera de lograrlo. Por su parte, la propuesta de Peruanos por el Kambio presenta una reforma más integral de la institución –sobre todo a través de su unificación con el Seguro Integral de Salud (SIS)–, aunque sin atacar los problemas con los subsidios cruzados, las deudas impagas del Estado a Essalud y las demás barreras que el Estado impone a la provisión de salud por parte de él mismo. 

Si, pese a sus evidentes deficiencias, el Estado insiste en ser el principal proveedor de la salud en el país, quizá podría empezar cuando menos por emparejarse en el cumplimiento de las mismas normas que desde el sector privado posibilitan mantener Essalud a flote.