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Cuenta un viejo dicho que son las malas costumbres las más sencillas de imitar. En los países cercanos al del eje bolivariano, parece ser más bien la regla. Hace apenas unos días, diputados opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua se unieron en una concurrida protesta en contra de las recientes reformas constitucionales que permiten la reelección indefinida del mandatorio, quien ha anunciado ya planes para su cuarto período. De esta práctica para limitar la alternancia en el poder, por supuesto, han echado mano a su manera también en Venezuela, Ecuador y Bolivia.
No está demás recordar que Evo Morales modificó la Constitución en el año 2009 en parte para poder relegirse y, al mismo tiempo, en una suerte de “interpretación auténtica” de la misma, dejó sin efecto la contabilización de su primer mandato, lo que lo llevará a permanecer más de 14 años en el poder para el 2020, cuando acabe su presidencia. Incluso, recientemente, la Confederación de Campesinos de Bolivia –poderoso grupo de influencia en el país– ha planteado que se modifique la Constitución para permitir también la relección indefinida. Ello en respuesta a unas declaraciones públicas en las que el presidente Morales señaló respecto al tema que “si el pueblo dice que hay que cambiar la Constitución, obedeceré”.
En Venezuela las cosas no van mejor. A la amenaza de Nicolás Maduro de “lanzarse a la calles” si la oposición gana las elecciones parlamentarias de diciembre próximo se sumaron ayer inhabilitaciones a postular a dos políticos incómodos para el régimen: la ex diputada María Corina Machado –acusada de no incluir en su declaración patrimonial los bonos de alimentación–, y el ex alcalde Enzo Scarano –quien presuntamente presentó con demora su declaración jurada–. El chavismo lleva ya más de 16 años al frente de Venezuela. Mientras, Rafael Correa acumula ya 8 años en el poder en Ecuador, donde prepara el camino para un referéndum que posibilite la reelección indefinida a finales de este año.
Sin embargo, la tentación continuista no es la única que imitan estos gobiernos. La creciente mordaza a la prensa independiente es un rasgo que también comparten. Esta se siente, por ejemplo, a través de la constante presión que ejerce el gobierno ecuatoriano sobre los medios de prensa a través de la Ley de Comunicaciones, la cual le permite establecer exorbitantes multas a medios que trabajan bajo estricto control gubernamental de los contenidos.
Bolivia, ahora, parece querer ir por el mismo camino. Así, hace algunos días a raíz de la visita del papa Francisco a este país, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) le dirigió una carta en la que denuncia una “sistemática asfixia a los medios independientes” basada en el “encarcelamiento de un periodista, la sanción a cinco medios de información y el permanente acoso tributario a las empresas periodísticas”.
El instrumento que ha utilizado el régimen de Evo Morales es la Ley Antirracismo promulgada en el año 2010, la cual, debido a su normativa sumamente ambigua, ha terminado convirtiéndose en una verdadera espada de Damocles. Esta disposición cobró actualidad luego de que el Gobierno Boliviano anunciara que procesará a un periodista por no censurar declaraciones racistas hechas por su entrevistado. La ley, de hecho, convierte supuestas faltas individuales –como el racismo y la discriminación– en delitos colectivos que abarcan al medio de comunicación que las reproduce. Según Human Right Watch, esta ley “pone en riesgo la libertad de expresión” y otorga al Gobierno “potestades imprecisas y excesivamente amplias que le permiten censurar injustamente a los medios”.
En Nicaragua la situación no es muy distinta. Según un reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), “la situación de la libertad de prensa se ha ido deteriorando con la consolidación del gobierno autoritario que cada vez más controla todos los poderes del Estado, municipalidades, Policía y el Ejército”.
Con la campaña electoral peruana en ciernes, conviene tener presente los riesgos a los que la región aún está sujeta. Las recientes y desafortunadas declaraciones del presidente Ollanta Humala respecto a Hugo Chávez y las causas de la crisis venezolana no hacen sino confirmar que parte de la clase política peruana le cuesta demasiado a veces reconocer las limitaciones democráticas de otras latitudes. Los futuros aspirantes a Palacio de Gobierno, por su lado, harían bien en empezar a distinguirlas.
