Editorial: La ética, ja,ja

Revisando la entrevista televisiva que brindó el presidente de la República el domingo pasado, encontramos que la palabra ‘corrupción’ aparecía una decena de veces. Y es que el señor Ollanta Humala trató de ser sumamente enfático en que su gobierno no estaba dispuesto a tolerar actos de esa índole. Ayer, además, el presidente volvió a mencionar el tema. Así, afirmó: “Vamos a fortalecer, a respaldar todo lo que sea acciones de lucha contra la corrupción. Creemos que el país está cansado de actos de corrupción que quedan impunes y también de que la ‘justicia tarda, pero no llega’”.

El lunes, sin embargo, fuimos testigos de cómo las palabras del señor Humala no son más que declaraciones líricas, pues la bancada de su partido –con la servicial ayuda del congresista aprista Mauricio Mulder y del peruposibilista Tito Valle– decidió blindar en la Comisión de Ética a la congresista Cenaida Uribe, sobre quien existen serios indicios de que habría incurrido en graves actos de corrupción. Esta vergonzosa protección del oficialismo a uno de los suyos provocó la renuncia del presidente de la Comisión, Humberto Lay, y la de los integrantes de las bancadas de Fuerza Popular y del PPC-APP.

Los hechos del caso de la congresista Uribe son sencillos y claros. El ex director del colegio Alfonso Ugarte denunció haber sido separado de su cargo luego de que la congresista de Gana Perú lo amenazó con que sería expulsado de la institución educativa si no renovaba un contrato que el colegio tenía con la empresa Punto Visual (con cuyo propietario la legisladora tenía una estrecha relación personal). Esto, además, fue corroborado por dos testigos. Asimismo, una denuncia parecida fue planteada por la ex subdirectora del colegio Melitón Carvajal, quien manifestó que la señora Uribe habría presionado a uno de sus gerentes también para beneficiar a Punto Visual. Y en los días en los que salían a la luz estas acusaciones, Canal N mostró imágenes de la congresista visitando un nuevo colegio, aquel en el que había sido reubicado su primer acusador, aparentemente para seguir acosándolo.

Nada de esto, sin embargo, le importó el lunes al oficialismo en la Comisión de Ética, pues decidió que, pese a la evidencia, no había motivo para sancionar a la congresista Uribe. El blindaje del oficialismo, dicho sea de paso, fue posible ya que Gana Perú había logrado capturar el control de la Comisión de Ética. Gracias a una reforma legislativa del año pasado, se aumentó su número de miembros y se estableció que su composición debería ser proporcional a la representación de las bancadas. Así, prácticamente, se le entregó al oficialismo la facultad de detener cualquier sanción ética en el Congreso. 

No nos queda claro si el presidente de la República no tiene control alguno sobre su bancada o si simplemente considera que la corrupción debe perseguirse siempre que los involucrados no sean parte del partido de gobierno. Y es que estas son las únicas explicaciones que permiten entender cómo así puede dedicar tanto tiempo a hacer acaloradas declaraciones sobre la lucha contra los corruptos y, a la vez, tolerar escándalos como el que acaba de protagonizar su grupo parlamentario.

Lo más triste es que, por lo visto, no hay ninguna institución en el país que pueda protegernos a los ciudadanos de este tipo de actos de corrupción, pues no solo el Congreso y el Ejecutivo los apañan, sino también el Ministerio Público. Como informamos hace un par de semanas, a pesar de que las pruebas estaban frente a los ojos de todo el Perú, el ex fiscal de la Nación José Peláez ordenó, pocos días antes de dejar el cargo, el archivamiento de la investigación preliminar que la institución que encabezaba estaba realizando sobre el caso de la congresista Uribe. Según él, no había “elementos suficientes para seguir indagando”. El nuevo fiscal de la Nación, por suerte, ha dicho que podría revisarse esta decisión.

Ya quisiéramos que todo el aparato público funcione para sus tareas regulares con la sincronía que ha demostrado para proteger a la congresista oficialista en cuestión. Pero, por lo visto, la coordinación y eficiencia solo son características de nuestras instituciones estatales cuando están motivadas por las razones incorrectas.