El fallo que el Jurado Electoral Especial dio ayer entre gallos y medianoche decidiendo no excluir la candidatura de Keiko Fujimori del proceso electoral está dentro de lo jurídicamente válido, pero deja espacio para la percepción de que ella podría haber recibido un trato diferente del que en su momento se dio a César Acuña, el otro candidato presidencial al que se le ha aplicado la norma bajo la que se juzgó a Fujimori. Es decir, se presta para las dudas sobre si el ente electoral de primera instancia no dejó pasar una conducta que en el fondo era la misma que la realizada por Acuña.
El fallo es jurídicamente válido porque los hechos en los que fue filmada la señora Fujimori, siendo semejantes, no son los mismos que se presentaron en el caso de César Acuña. No está probado fehacientemente que ella entregase dádivas “de manera directa o a través de terceros” porque no está probado que el dinero proviniese de ella o de su partido, ni que ella lo entregase o lo mandase a entregar. Es un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y del Derecho en general que no puede sancionarse al acusado cuando hay duda sobre si incurrió en todos los extremos de la conducta tipificada. Principio que debe ser más cuidadosamente observado cuanto más grande sea el castigo en juego. En virtud de esta garantía, lo resuelto por el JEE es, desde el punto de vista estrictamente legal, legítimo.
Lo anterior no quita, sin embargo, que el fallo dé pie para la percepción de trato diferente. Después de todo, si bien la señora Fujimori puede no haber incurrido exactamente en todos los extremos que la ley exige para la sanción, sí que se paró al bordecito de ellos. Como se paró, de hecho, a centímetros de quien entregaba el dinero de los premios a los ganadores del concurso que había organizado un colectivo nombrado en honor de ella (Factor K) y conocido por ser parte de su sistema de propaganda. Todo ello en un evento que solo puede ser calificado como proselitista (y nunca como “cultural”, habiendo tenido, además de la presencia de la propia candidata, las pancartas y polos con los símbolos de su partido por doquier).
Como dijo su candidato a la vicepresidencia, José Chlimper, en elocuente acto fallido: “Keiko Fujimori nunca tocó los sobres con dinero. La Virgen la protegió”. De donde solo se puede deducir, que, por lo que correspondía a ella y a lo que había ido a hacer ahí, Keiko podría muy bien haber entregado el dinero ella misma.
De ahí, sin embargo, a decir que se está ejecutando un “fraude electoral” hay un mundo de irresponsabilidad. Algo de esa magnitud y con esa gravedad de consecuencias no se puede afirmar sin pruebas y aquí, al menos hasta la fecha, solo hay pruebas de torpeza y de la profunda disfuncionalidad de nuestro sistema político. Una disfuncionalidad que ha hecho erupción en medio de este proceso electoral, chorreando por todos lados la lava que la mil veces pospuesta reforma estructural de nuestro sistema de normas de partidos y elecciones venía acumulando bajo tierra.
Fue el Congreso, no hay que olvidarlo, el que determinó la inevitabilidad del caos que estamos viviendo cuando, luego de quitar el cuerpo intencionalmente a la reforma aludida, se decidió –con el revelador apoyo de todas la fuerzas políticas– a lanzar algunas aisladas y nuevas reglas en medio de una campaña que ya se estaba jugando. Una de estas reglas –el ya famoso artículo 42– era draconiana al imponer, sin ningún sentido de gradación o proporción, una única posible sanción –la máxima: la exclusión de la elección– para el candidato que reparta regalos, sean millones, sea una botella de agua, en un mitin.
Fue el JNE, por su parte, el que, como quien preparaba el terreno para que el caos que luego percutiría el Congreso fuese completo, publicó en octubre del año pasado un reglamento que permite que se pueda excluir candidatos hasta 10 días antes de la elección (de hecho, aún no sabemos lo que dirá el JNE como última instancia en el Caso Fujimori). Con lo que los peruanos acabamos protagonizando esta situación sui géneris en la que a 17 días de elegir no sabemos entre qué candidatos podremos hacerlo.
Y fueron también, por cierto, las autoridades electorales las que, luego de protagonizar una seguidilla de contradicciones cantinflescas, en plena campaña invalidaron la candidatura de Guzmán por faltas reales pero muy semejantes a las que con toda seguridad han cometido más de uno de los otros partidos-cascarón que se presentan a estas (y todas nuestras) elecciones, además, probablemente, de algún partido tradicional.
Ojalá que el descalabro de estos días haya servido al menos para generar convicción acerca de la esencial reforma que debe ser el primer gran encargo del próximo Congreso, con una opinión pública consciente de la importancia del tema y presionando por él. Nuestra política es suficientemente turbulenta y caótica como para que los cauces democráticos encargados de canalizarla lo sean también. Los peruanos acabamos protagonizando esta situación sui géneris en la que a 17 días de elegir no sabemos entre qué candidatos podremos hacerlo.