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La financiación de una campaña electoral debe ser transparente. Una agrupación que pretenda acceder al poder tiene la obligación de demostrar que administra fondos lícitos. Si no, ¿cómo le confiamos el manejo del presupuesto del Estado?
Este Diario ha revelado que Alianza para el Progreso (APP) consignó al menos 127 aportes fantasmas en el 2014. En el informe de ingresos económicos presentado por la organización política a la ONPE, figuran donaciones de 14 personas que niegan haberlas hecho. Todas son o fueron empleadas de la Universidad César Vallejo –de propiedad del candidato y fundador del partido–.
Al respecto, César Acuña ha dicho que, como presidente de APP, no está pendiente de quién aporta en las campañas. Esta respuesta, sin embargo, es inaceptable. La importancia de su cargo le exige responder sobre el financiamiento de las contiendas electorales en las que su organización participa. Si bien en la cadena administrativa de la agrupación esto pueda no competerle directamente, sí guarda una responsabilidad política con la ciudadanía.
Si un candidato presidencial se ampara en la supuesta ignorancia sobre el origen de los recursos con los que financia su campaña, podría hacer lo mismo en caso surgieran fondos del narcotráfico o del crimen organizado. Ante una acusación se debe averiguar y responder a los cuestionamientos.
Acuña sostiene que el autor de la nota “chantajeó” a los aportantes. “Hay gente que ha dicho que sí ha aportado y han publicado que no ha aportado”, manifestó. Esperamos, sinceramente, que respalde con pruebas sus imputaciones y que, sobre todo, decida si sabe o no quién hizo los aportes.
Quizá el ex gobernador regional logre eludir la responsabilidad legal que pudiera surgir de estos hechos. La responsabilidad política y moral, por otro lado, no será evadida con un argumento pueril. ¿O pretende manejar el país con el mismo desconocimiento de lo que pasa con los funcionarios o los fondos públicos?
El candidato de APP no podrá representar una renovación en la política nacional si se mantiene en la evasiva y la falta de responsabilidad. De eso ya ha sufrido suficiente el Perú como para creer que esas inconductas son la forma de mejorar la calidad de nuestras instituciones.
No hay duda de que, si así lo desea, Acuña puede aportar recursos provenientes de sus propios fondos a su partido. Esto con arreglo a ley, pues hay límites para el aporte privado. De hecho, estos límites fueron la razón por la que, en el 2011, la ONPE sancionó a APP por recibir aportes de la Universidad César Vallejo para la campaña municipal del 2010 que duplicaban lo permitido.
Las universidades no reciben beneficios tributarios para financiar y desarrollar partidos políticos. Los reciben, al margen de la polémica que ello suscita, para educar a los jóvenes. ¿Qué tiene que ver la educación de los jóvenes con los aportes a un partido político?
La fórmula, entonces, parece ser ahora la de utilizar aportantes que trabajan en la universidad. De la pequeña muestra que investigó este Diario, se desprende que podría haber engaño a la fe pública. Además, de no acreditarse el origen de los fondos, puede configurarse también la figura del delito de lavado de activos.
Lamentablemente el caso de APP no es uno aislado. Los aportes poco claros han alcanzado a varias agrupaciones políticas. Ya en julio de este año, por ejemplo, la ONPE informó sobre irregularidades en los aportes recibidos por el nacionalismo, el Apra y el fujimorismo en el 2015.
A estas irregularidades se suman, además, las investigaciones que sigue la fiscalía contra el partido nacionalista por los aportes a las campañas del 2006 y el 2011. También el peritaje del Ministerio Público contra Fuerza Popular (entonces Fuerza 2011) por los mítines y viajes que realizó Keiko Fujimori durante la campaña anterior, ya que excederían el financiamiento que reportó el partido fujimorista.
La política nacional necesita mayor institucionalidad. Por eso mismo, instamos al candidato César Acuña y a todos quienes aspiren llegar al poder, expliquen,de forma exhaustiva y rigurosa, el origen de los fondos con que financian sus gastos.
No caben respuestas vagas o acriolladas evasivas. Es un tema decisivo, con el que debe funcionar toda campaña. La seriedad del asunto reclama respuestas concretas.
Ante cualquier cuestionamiento los partidos y candidatos deben responder y ser investigados. APPy César Acuña no son la excepción.