Editorial: Interpelación retórica

Como quien se prepara para escuchar un veredicto cuyo sentido ya le ha sido adelantado, el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Jaime Saavedra, fue un privilegiado testigo durante la última semana de las declaraciones de diversos parlamentarios en relación con el pedido de interpelación en su contra.

En efecto, el vocero de la bancada de Fuerza Popular (FP), Luis Galarreta, afirmó el pasado lunes que “lo que le corresponde al ministro, por el bien de la educación, es dar un paso al costado”, mientras ese mismo día, Mauricio Mulder de la célula parlamentaria aprista comentaba sobre Saavedra que “la interpelación se la merece, y la censura también”. Los días posteriores vinieron con advertencias similares como la del fujimorista Héctor Becerril en el sentido de que a FP “no le temblará la mano” para censurar a Saavedra, y algunas premoniciones como la de sus compañeros de la ‘bankada’ Rolando Reátegui (“[Saavedra] va a ser interpelado y censurado”) y Úrsula Letona (“son 3 las Bankadas q[ue] hemos suscrito la censura”). 

La interpelación es, ciertamente, un proceso perfectamente constitucional. Como también lo es la censura, si acaso más del 50% de la representación parlamentaria (66 congresistas) encontrara insatisfactorias las respuestas que brindara el ministro interpelado; aunque se entiende que, por la gravedad que supone forzar al Gobierno a retirar a un miembro de su Gabinete, esta decisión debería demandar mucha prudencia así como una debida sustentación.

Las admoniciones de los congresistas que han apoyado la interpelación y el hecho de que las bancadas fujimorista y aprista cuentan con los votos suficientes para la censura hacen pensar, sin embargo, que la suerte del titular de la cartera de Educación estaría echada incluso antes de presentarse en el hemiciclo.

Contribuye a esta hipótesis el tenor del pliego de preguntas que deberá responder el ministro de Educación, las cuales muestran, en un extremo, la ausencia de sólidos fundamentos siquiera para la interpelación, y en el otro, una preocupante falta de preparación por parte de los parlamentarios prestos a efectuar el control político.

Se tiene, por ejemplo, la pregunta sobre los motivos por los que el Minedu compró computadoras a través del llamado ‘Convenio Marco’. Ello en atención al reportaje de “Panorama” sobre los S/146 millones destinados a la adquisición de equipos –utilizando este mecanismo de contratación– y que motivó una investigación fiscal que involucraría a ex funcionarios del Minedu que se habrían beneficiado con la transacción. La interrogante, no obstante, presupone que el ministro podría tener responsabilidad por elegir dicha modalidad de contratación, cuando, en realidad, aquella es obligatoria por ley. Y el filtro y preselección de todos los proveedores que cualquier entidad estatal –y no solo el Minedu– puede contratar a través del catálogo de Perú Compras, le corresponde precisamente a este último organismo público. 

Además, propugnar la salida de Saavedra por la presunta actuación ilícita de un funcionario de rango intermedio, en un proceso que la contraloría reconoce legal, y sin ningún indicio de participación o vinculación con el ministro, resulta poco razonable, por decir lo menos, y un peligroso precedente.

Otras interrogantes del pliego ni siquiera son coherentes entre sí. En las preguntas 12 y 15 se indaga por la contratación de la empresa Deloitte para elaborar un segundo plan maestro de los Juegos Panamericanos, con la diferencia de que en una se estima el valor en US$8 millones y en la otra, inexplicablemente, en S/169 millones. Sin perjuicio de esta contradicción, los parlamentarios parecen no haber revisado la información pertinente, en la que se detalla que el Minedu no realiza las contrataciones vinculadas a este certamen, sino el Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019, el cual cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa, según su resolución de creación.

También se consulta al ministro Saavedra a quién se le entregó los más de US$3 millones que el Comité Olímpico Peruano (COP) debía pagar como primera cuota a la Organización Deportiva Panamericana por la elección de Lima como sede, soslayando que el COP no es un organismo público sino una asociación privada, y que fue el propio Minedu el que advirtió que no se había acreditado dicho pago y demandó la devolución del dinero entregado con ese fin. 

Y los ejemplos continúan, pero a estas alturas parece ser bastante evidente que las preguntas del pliego son más bien retóricas, y que las respuestas del ministro parecen interesarles a los congresistas tan poco como la educación.