Editorial: La justicia es ciega, pero no tonta

Hace unos días, los señores Humala vieron cómo una de sus defensas contra las acusaciones que enfrentan ante la justicia se convirtió en humo. Como se sabe, el ex presidente y su esposa solicitaron que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional excluyese las famosas agendas de Nadine Heredia de la investigación fiscal por lavado de activos que los esposos enfrentan, argumentando que se trataría de una prueba ilícita, ya que habrían sido robadas de su domicilio. La sala, no obstante, no acogió su pedido, basándose en que no existe evidencia contundente de que las agendas efectivamente fueron sustraídas ilegalmente de las manos de la ex primera dama.

Esta resolución, sin duda, es una buena noticia para quienes creemos que los señores Humala tienen mucho que explicarle a la justicia. Después de todo, a la fecha, la evidencia que existe sobre sus extrañas finanzas es sumamente comprometedora. Para empezar, Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, confesó a la fiscalía que la constructora entregó US$3 millones a la campaña del entonces candidato Humala en el 2011 y que tal suma provino del denominado Departamento de Operaciones Estructuradas, eufemismo que se usó para denominar a la oficina de la empresa encargada de hacer efectivos los sobornos. El mismo Marcelo Odebrecht confirmó luego la versión de Barata, lo que coincidía con la información de una planilla encontrada durante la intervención a sus oficinas (aquella que tenía las siglas OH junto a la cifra de 4,8 millones de reales, que correspondían precisamente a US$3 millones de la época).

A esto hay que añadir los extraños depósitos en una cuenta de la primera dama realizados por su hermano, familiares y otras personas cercanas que, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, no tenían respaldo económico para sustentar esas transferencias. Ello se suma a las anotaciones que se encuentran en las cuatro agendas en cuestión, que consignan aún no esclarecidos movimientos dinerarios que incluyen montos que superan los US$8 millones.

La conducta de Nadine Heredia durante todo este proceso de investigación, además, no es la que se esperaría de alguien que no tiene nada que ocultar. Para empezar, la ex primera dama primero negó rotundamente que las comprometedoras agendas fuesen suyas. Luego sostuvo que sí eran suyas pero que no reconocía el contenido. Después cambió su versión y decidió sostener que las agendas realmente eran de propiedad conyugal y que su contenido correspondía a apuntes suyos pero que reflejaban decisiones e instrucciones de Ollanta Humala. En el camino, además, intentó alterar su caligrafía para frustrar los peritajes que se realizaban con el fin de determinar si la letra de las agendas era efectivamente la suya, cosa que fue descubierta y denunciada por el perito. En este contexto, hay que celebrar que no haya prosperado en el Poder Judicial este intento de los Humala de dificultar que se aclare la verdad sobre sus finanzas.

Ahora, también vale la pena apuntar que incluso si se llegase a demostrar que las agendas fueron hurtadas, existen razones poderosas para no excluirlas como prueba (sin perjuicio de sancionar a quien las haya hurtado). La principal es que tratándose de un caso tan importante, que involucra además a quienes manejaron el país por cinco años, existe un enorme interés público en que se dilucide si los mismos cometieron o no delitos. Y por más que la prueba en cuestión hubiese tenido un origen espúreo, si ya se encuentra frente a los ojos del Poder Judicial, en un caso como este los jueces no deberían hacer como que no existe y dejar que se corra el riesgo de que el eventual culpable goce de impunidad. ¿Acaso, por ejemplo, hubiese sido justo que Montesinos y sus colaboradores no pudiesen ser juzgados porque los ‘vladivideos’ se obtuvieron ilegalmente? La justicia, a fin de cuentas, debe ser ciega. Pero no tonta.