Editorial: La lista negada

Más de un mes ha transcurrido desde que un reportaje del programa “Cuarto poder” revelara que el presidente Pedro Castillo seguía recibiendo visitas en el inmueble del pasaje Sarratea en el que estuvo despachando de manera ilegal durante los primeros días de su gobierno. Entre los visitantes que las cámaras mostraron se encontraban, como se recuerda, congresistas, representantes de empresas que integraron consorcios que obtuvieron contratos o licitaciones con el Estado que luego debieron ser anuladas, y hasta un integrante del Gabinete: una circunstancia que echa por tierra los viejos y nuevos intentos de sostener que tales citas tenían un carácter privado.

La divulgación del mencionado reportaje supuso un importante sacudón político para el Gobierno, pues la sospecha de que en esas reuniones se trataron y acordaron asuntos que se querían mantener en la sombra por no ser exactamente lícitos se extendió inmediatamente y se tradujo en una fuerte presión de parte de la opinión pública por conocer la lista completa de los que habían acudido al ya célebre inmueble de Breña, así como la de las materias que allí se abordaron.

En un esfuerzo por capear el temporal, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, apareció entonces ante la prensa y afirmó que la lista en cuestión sería entregada a la brevedad y, unos días después, añadió que esta ya había sido enviada a la procuraduría. Rápidamente, sin embargo, esa institución emitió un comunicado en el que desmentía lo anunciado por la jefa del Gabinete. Una bochornosa situación que la PCM trató de mitigar con la especie de que, “al ser consultada por un medio de comunicación sobre este tema”, la señora Vásquez “no contaba con los detalles de la respuesta [al pedido de la lista]”. Para mayor escarnio, la ministra terminó haciendo votos por la realización de un “ejercicio de memoria” del mandatario para que el rol de los concurrentes al denominado “despacho paralelo” finalmente fuese conocido.

Eso fue el 17 de diciembre y, desde entonces, en Palacio de Gobierno no han hecho otra cosa que continuar escamoteando esa información, al tiempo de proclamar, en perfecta contradicción, que estaban dispuestos a brindar –y de hecho ya estaban brindando– toda la colaboración que el esclarecimiento de este enojoso asunto requiriese. Y ahora, por último, cuando ya la fiscal de la Nación se ha visto obligada a abrirle una investigación al respecto al jefe del Estado, el abogado de este último, Eduardo Pachas, ha salido a comunicar a la ciudadanía que la lista solicitada no existe.

“No hay una lista de visitantes a la casa de Sarratea. El presidente no tiene una lista, porque él no las hace; esa no es su función”, ha sentenciado. Con lo cual, en buena cuenta, ha aseverado que la nómina en cuestión no existe ni existirá.

No parece comprender el representante legal del mandatario que lo único que se consigue con esa actitud es incrementar las suspicacias sobre las mentadas citas y mellar la credibilidad de quien dirige los destinos del país, pues todas las promesas de futura transparencia en las que se empeñó en las semanas finales del año se revelan como meros mecanismos para ganar tiempo y especular con la posibilidad de que el problema se diluya o se borre de la memoria de la población.

Como es evidente, tal cosa está lejos de ocurrir. Y quien más consciente debería ser de ello es la presidenta del Consejo de Ministros, cuya palabra ha sido, literalmente, devastada por la contumacia del presidente en su negativa a entregar los nombres de quienes se dieron cita con él en la casa de Breña. La señora Vásquez, no obstante, prefiere ponerse de perfil ante este problema, creyendo quizás que de esa manera asegura su permanencia en el alto cargo que ocupa, cuando en realidad hablamos de una circunstancia muy vergonzosa que la está dejando, cada vez más, fuera de juego.