Editorial: La penúltima palabra

Ayer el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió que los miembros del Parlamento recientemente disuelto pueden postular en las elecciones de enero próximo. El razonamiento que dio pie a la decisión es que solo se trata de unos comicios “para elegir congresistas de la República que completen el período constitucional 2016-2021” y en esa medida no contraviene la prohibición de reelección aprobada en el referéndum del 2018.

Con ello se ha puesto punto final a una materia que causó mucha controversia en las últimas semanas y que, de manera inadecuada, tuvo al Gobierno involucrado en la campaña. Y decimos que aquello fue inadecuado porque, si en general es importante que un presidente se abstenga de aprovechar la posición que ocupa para tratar de favorecer o perjudicar a los candidatos de unas elecciones que ocurren durante su mandato, en el caso del proceso actualmente en marcha, la necesidad de tal asepsia es indispensable. Como es obvio, la circunstancia de haber sido quien ordenó disolver el anterior Congreso convierte al actual mandatario en parte interesada en el resultado del 26 de enero, pues una futura mayoría parlamentaria adversa a él podría cuestionar la legitimidad de la tesis de la “denegación fáctica de la confianza” sobre la que basó su cuestionada medida y ponerlo contra las cuerdas.

La limitación, además, debería regir tanto para el propio jefe del Estado como para sus ministros, ya que todos ellos representan al Ejecutivo del que se demanda neutralidad. Tan conscientes son las autoridades del Gobierno de este principio de no interferencia que constantemente han aludido a él en sus declaraciones públicas… pero después de haber hecho exactamente lo contrario.

El presidente, por ejemplo, sentenció el 13 de octubre pasado que la prohibición de reelegir “fue validada en el referéndum del año 2018” y que como, al 2020 ya pasó más de un año, “debería ser de aplicación”. Para luego agregar: “Pero en todo caso, respetuosos de las instituciones, dejamos que sea el propio JNE quien determine la aplicación o no de esta norma para estas elecciones”.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, aseveró hace cuatro días: “Ese Congreso fue desactivado constitucionalmente, por lo tanto [sus miembros] no pueden ni el 2020 ni en el 2021 estar presentes”. Y más adelante añadió: “Esta es una competencia de los entes electorales que esperamos se pronuncien cuanto antes”.

Finalmente, el jefe del Gabinete, Vicente Zeballos, ha incurrido en este tipo de discurso ambiguo más de una vez. El 21 de octubre dijo: “Consideramos que no está permitida la postulación para el próximo enero […]. Sin embargo, el que tiene que tomar la decisión es el JNE”. Y ayer, antes de que se conociese la decisión del máximo ente electoral, afirmó: “Desde la perspectiva del Gobierno ratificamos la no reelección para el actual proceso de enero y el proceso del 2021; sin embargo, la última palabra la tiene el JNE”.

El problema, no obstante, es que, como se ve, la penúltima palabra la han estado pronunciando sistemáticamente los representantes del Ejecutivo, con lo que el compromiso de no interferir en el proceso en marcha ha resultado hasta ahora una fórmula que se recita pero no se respeta. Recordemos, sino, que el presidente Vizcarra había garantizado la “absoluta neutralidad” del Gobierno en entrevista con este Diario.

La resolución del pleno del JNE pone ciertamente punto final a la discusión sobre el derecho a postular en las próximas elecciones de los parlamentarios ‘disueltos’, pero eso no significa que automáticamente las intromisiones del presidente y sus ministros vayan a cesar. Habida cuenta de que la decisión ha ido en un sentido contrario al de sus intereses, lo más probable es, más bien, que se multipliquen.

De la prensa libre, entonces, depende que todo intento de inclinar la balanza hacia uno u otro lado sea denunciado oportunamente y que la imparcialidad del Gobierno en esta campaña deje de ser un postulado que no se verifica en la práctica.