Editorial: La última derrota del Congreso disuelto

Hace unos días, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió por seis meses al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry de su cargo como fiscal supremo en tanto se resuelve un proceso disciplinario en su contra. La semana pasada, la entidad había dispuesto la misma medida para el colega de Chávarry, Tomás Gálvez. Así, en apenas dos semanas, la Junta de Fiscales Supremos (JFS) se ha reducido de cinco miembros a tres. Y, con ello, se ha quebrado la mayoría –tres contra dos– que llegó a ostentar durante tanto tiempo el grupo de fiscales supremos investigados por su relación con la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto (Chávarry, Gálvez y el aún operativo Víctor Rodríguez Monteza). Un comienzo auspicioso para la nueva JNJ.

En lo que respecta a Gálvez, el proceso que se le sigue se basa, en esencia, en su participación en los célebres ‘CNM-audios’. Según el ponente del caso, las acciones de Gálvez denotarían “una enorme facilidad para transgredir las exigencias éticas y legales que debe observar un alto fiscal en jerarquía”.

En cuanto a Chávarry, la JNJ determinó que su suspensión se tomaba para “prevenir una eventual obstaculización al presente procedimiento disciplinario”, y que el plazo de seis meses era “razonable para la culminación del procedimiento inmediato iniciado al fiscal supremo”.

Como se sabe, a Chávarry se le inició un proceso disciplinario en la JNJ en febrero pasado con base en cuatro hechos: i) haber conversado con el exjuez César Hinostroza para que este organizara una reunión con periodistas, a fin de “coordinar acciones de apoyo dirigidas a su elección como fiscal de la Nación”, ii) haber mentido sobre su conocimiento de las gestiones de Hinostroza (algo que admitió por primera vez en entrevista con este Diario), iii) haber propiciado el deslacrado y la sustracción de documentos de la oficina de su asesor Juan Manuel Castro Duarte en enero del 2019 y iv) haber convocado a su despacho en el Ministerio Público al exasesor del congresista Jorge del Castillo para “tomar acciones” sobre la oficina lacrada, justamente el mismo día en el que esta fue vulnerada ilegalmente.

Más allá de que, por todo lo que hemos conocido, las evidencias parecen anticipar que Chávarry será finalmente sancionado, la medida tomada era clave a fin de evitar que utilice su cargo para socavar cualquier pesquisa en su contra. Después de todo, hablamos del mismo personaje que no tuvo empacho en ordenarle a su asesora Rosa Venegas, según ha contado ella, que ingresara a una oficina lacrada para sustraer varios documentos. El mismo al que alguna vez el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, invocó –sin nombrarlo directamente, pero de forma inequívoca– al denunciar que él y su grupo eran “permanentemente hostilizados” desde dentro de la institución.

Pero la suspensión de Chávarry es, además, la última derrota sufrida por el Congreso disuelto, que una y otra vez se encargó de blindarlo y que se negó, obcecadamente, a suspenderlo del cargo. De hecho, en sus descargos ante la JNJ, Chávarry llegó a alegar, a modo de defensa, que los hechos por los que se le investigaba “han sido archivados por el Congreso”. ¿No fue acaso una integrante de la bancada mayoritaria, la de Fuerza Popular, la que escribió en un chat partidario que “tenemos que garantizar que Chávarry llegue”? ¿Y no fue la lideresa de esa misma fuerza política la que, intentando edulcorar los embustes de Chávarry, sostuvo aquello de que “las mentiras hay que entenderlas en su contexto”?

Por supuesto que una suspensión no es lo mismo que una remoción. Y que más allá de los procesos de la JNJ, el fuero penal también deberá revisar en su momento las investigaciones que hoy dirige el fiscal supremo Pablo Sánchez contra tres de sus colegas. Pero, por lo pronto, las decisiones tomadas por el JNJ permiten devolverle algo de ecuanimidad a nuestro sistema de justicia. Y, de paso, acaban con uno de los peores legados de la anterior representación nacional.