Editorial: Magra cosecha

Los fines de año son habitualmente ocasión de balances varios, en lo personal y en lo público. A poco de finalizar el 2021 y tras cinco meses de gobierno, es razonable pues ensayar una evaluación de lo positivo y lo negativo que puedan haberle reportado en ese período las gestiones del Ejecutivo y el Legislativo al país.

Ocurre, no obstante, que la administración encabezada por el profesor Pedro Castillo ha generado tal cantidad de crisis desde su estreno que su evaluación en los medios ha sido, se diría, cotidiana. El Congreso, en cambio, no ha merecido en estos meses tanta atención de la opinión pública, por lo que resulta pertinente colocar su actuación en la balanza.

En el platillo de lo positivo, lo más destacable ha sido la disposición de una mayoría de los integrantes de las bancadas no oficialistas por rechazar explícitamente cualquier intento del Gobierno de avanzar hacia un referéndum y una asamblea constituyente que el texto constitucional vigente no permite. También cabe mencionar una lenta disposición fiscalizadora a propósito de algunas gestiones ministeriales salpicadas por el escándalo o encomendadas a personas sin las calificaciones técnicas o morales para conducirlas. Excepción hecha de lo sucedido recientemente con el ahora extitular de Educación Carlos Gallardo, estas situaciones precipitaron la renuncia de los ministros en cuestión antes de que se llegara a la censura y, con ello, se removió de la función pública a quienes claramente no estaban en capacidad de ejercerla.

En ese mismo orden de cosas, sin embargo, tenemos ejemplos de comportamientos que merecen ser colocados en el platillo de lo negativo. Nos referimos, concretamente, al voto de confianza que, en aras de la “gobernabilidad”, varias bancadas que se reclaman democráticas le dieron al Gabinete presidido por Guido Bellido, a pesar de las sombras que lo rodeaban por su actitud complaciente hacia el terrorismo senderista, y a varios de los integrantes de su equipo ministerial por razones parecidas o equivalentes. La mayoría de ellos, elocuentemente, terminó siendo removida de los cargos que ocupaba… Ahí está todavía, empero, el titular de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, cuya interpelación, a pesar de las clamorosas falencias que puso en evidencia, se diluyó en la nada, sugiriendo la existencia de una sintonía tácita de buena parte de la oposición con la marcha atrás a la reforma del sector que el ministro ha emprendido.

Si de retrocesos se trata, por otra parte, no podemos ignorar el respaldo transversal que ha tenido en el Parlamento el registrado con relación a la reforma universitaria y la labor de licenciamiento de la Sunedu. Una vergüenza auténticamente ecuménica.

Constituyen también lamparones oscuros en las labores de fiscalización del Legislativo la demora en echar a andar la comisión que debe investigar las furtivas reuniones del presidente Castillo en el inmueble del pasaje Sarratea, así como el intento inicial, de parte de muchas de las bancadas presentes en la Comisión de Ética, de “blindar” al congresista Luis Cordero Jon Tay para que no fuese investigado por las acusaciones de violencia y acoso presentadas por su expareja. El solo hecho de que, tras el revuelo que levantó este aparente regreso del ‘otoronguismo’, varios congresistas decidieran cambiar el sentido de su voto revela la mala conciencia que el asunto había generado en ellos.

En momentos en que la pandemia del COVID-19 arrecia nuevamente en todo el territorio nacional, por último, no podemos dejar de mencionar la actitud ligera –y en ese sentido, irresponsable– mostrada por más de un parlamentario con respecto de los cuidados que todos debemos tener frente al virus. A los cuatro casos confirmados de parlamentarios contagiados en estos meses tenemos que sumarles los de otros seis que, o bien no se vacunaron en absoluto o bien no recibieron la dosis completa, y que en algunos casos llegaron incluso a hacer campaña contra la vacunación, con las consecuencias que estamos viendo.

Una magra cosecha, en suma, que arroja más ruido que nueces, que muestra varias falencias (según nuestra Unidad de Periodismo de Datos, el 92% de las 785 iniciativas presentadas por parlamentarios no identifica ni sus costos ni sus beneficiarios) y que coloca a esta representación nacional en una situación tan penosa como la que enfrentaron tantas de sus antecesoras.