Editorial: El Estado manos de tijera

Normalmente, cuando se habla del enorme problema de la educación pública en el Perú se suele hablar del problema del profesorado. Existen buenas razones para ello: solo el mes pasado la mayoría de profesores del país resultó jalada en un examen para llenar las vacantes de docentes. Puede, sin embargo, que los problemas de infraestructura física que tiene nuestro sistema educativo sean igual de grandes: el ministro del sector ha revelado, luego de un censo realizado, que nuestra brecha de infraestructura en educación es de S/.56 mil millones, ni más ni menos que el 10% del PBI.

Todo esto se traduce en una serie de problemas que harían difícil que nuestros alumnos puedan estudiar bien, aun cuando fuesen otras las condiciones profesionales de la mayoría de los profesores que tienen al frente. De hecho, según el ministerio, la mitad de las aulas del país necesita ser sustituida. El 40% de nuestros estudiantes va a escuelas en las que o no funciona el agua potable o no funcionan los baños. Y solo en menos de un tercio de nuestras escuelas primarias los alumnos tienen acceso a la computación.

El tema se vuelve más preocupante aun cuando uno descubre que en los últimos 13 años, gracias al prodigioso incremento de la recaudación que ocasionó el crecimiento de nuestra economía, el presupuesto del sector para inversión pública se multiplicó por más de 14: en el 2001 era de S/.407’261.979, mientras que el del año pasado fue de S/. 5.918'818.602. Es decir, pasó de ser un presupuesto millonario a ser un presupuesto de miles de millones.

Es evidente que tenemos un problema mayúsculo en nuestro gasto – de cantidad, de calidad y de ambas–. Y un problema, por cierto, que se advierte también en la infraestructura de otros servicios públicos, como el de seguridad o justicia, para no hablar de las carreteras y de la infraestructura en general. Ello a pesar de que en el período mencionado el gasto en inversión pública como tal pasó de S/.5.560 millones a S/.33.534 millones, multiplicándose por seis. ¿A dónde se fue el dinero?

Esa es una pregunta que ameritaría una investigación seria. Está claro que hay problemas en algún punto de la organización del Estado que hacen que a la hora de manipular los recursos para convertirlos en obras útiles este se parezca al hombre de las manos de tijera. Aunque existen algunas claves que ya a priori nos pueden indicar dónde están concentrados buena parte de estos problemas. Más concretamente, esta: los gobiernos locales y regionales tienen a su cargo la mayor parte del presupuesto de inversión pública. De hecho, solo los gobiernos locales tienen en sus manos el 50% del mismo. 

Es decir, gran parte del problema proviene de una descentralización que, como bien se sabe, fue hecha a la mala, y que distribuyó una serie de competencias y recursos sin mayor preocupación por si los lugares que los recibían tenían ya las capacidades para administrarlos. El problema, por otra parte, no es solo que la mayoría de estos gobiernos locales y regionales no tenga mayor capacidad de ejecución –según el promedio de los últimos años, los gobiernos locales solo alcanzan a ejecutar el 60% de su presupuesto de inversión–; es también que, al mismo tiempo, sí tienen gran capacidad de sustracción (sea vía obras no prioritarias o mal ejecutadas, sea vía desvíos a los bolsillos de los funcionarios).

De más está decir que este asunto tiene que ser atacado frontalmente (y también al nivel del Gobierno Central que, salvando las distancias,  tampoco es un  ejemplo de eficiencia en el gasto). Los instrumentos para hacerlo están ahí. La Ley del Servicio Civil debería servir para captar técnicos calificados y pagarles mejor en todos los niveles del gobierno. Luego está el sistema de Presupuesto por Resultados, que hace que los resultados de la buena o mala ejecución del gasto por parte de una entidad estatal recaigan de manera muy tangible – con más o menos recursos– sobre ella misma. Y, por supuesto, están las asociaciones público-privadas y las Obras por Impuestos, que introducen incentivos privados en la ejecución del gasto público y que deben promoverse con mucha mayor fuerza.

En lo que no podemos persistir es en la situación actual. Y es que seguirá haciendo poca diferencia para el ciudadano qué tanto se sigan multiplicando los recursos del Estado mientras que lo que medie entre uno y otro sean unas manos de tijera.