No más postergaciones

Por las circunstancias que motivaron su concepción y por los escollos que tuvo que superar para quedar finalmente instalada, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sido una de las instituciones que más atención ha recibido de parte de la ciudadanía en los últimos años.

Al fin y al cabo, no han pasado ni dos años desde que los peruanos asistimos al ignominioso espectáculo de los audios difundidos a mediados del 2018, en los que oímos, entre otras aberraciones, cómo los entonces miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) arreglaban ascensos y designaciones dentro del sistema de justicia. Meses después, el CNM quedó extinto en un referéndum que avaló su reemplazo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pero el proceso para elegir a sus integrantes se tornó en una odisea (el primero de ellos acabó sin un solo miembro) y, mientras tanto, muchos de los funcionarios involucrados en el escándalo de los audios y en otros más siguieron inamovibles en sus puestos, gracias en buena parte a la complicidad de un Congreso que no mostró vergüenza al momento de blindarlos.

Instalada finalmente a inicios de este año, los integrantes de la JNJ no tuvieron mucho tiempo para ocupar sus oficinas cuando la llegada del COVID-19 al país obligó a cerrar todo de la noche a la mañana. Y si bien es cierto que la institución continuó sesionando de manera virtual (en mayo, el presidente de la JNJ Aldo Vásquez le dijo a la agencia de noticias Andina: “No hemos dejado de sesionar ni un solo día útil […] haciendo trabajo remoto”), no fue sino hasta el pasado viernes que se aprobaron los cambios normativos para llevar a cabo audiencias virtuales en las que se pueda escuchar a las partes involucradas y, con ello, retomar los procesos disciplinarios en cola.

En mayo pasado, la JNJ informó de que tenía 51 procesos disciplinarios suspendidos y 109 procesos abreviados con apertura pendiente. Algunos de estos, sin embargo, recibieron en febrero la calificación de “inmediatos”, como los que se siguen contra los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez Villegas, y contra los jueces supremos Martín Hurtado y Aldo Figueroa Navarro. Todos ellos salpicados por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

No vamos a recordar aquí –lo hemos hecho reiteradas veces en este espacio– todos los cuestionamientos que pesan sobre los fiscales Chávarry y Gálvez (y, por supuesto, sobre el también fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza). Basta con resaltar la incongruencia lógica de que dos personas ocupen puestos de poder en la misma institución que los investiga por presuntamente integrar una red criminal que –además– está acusada no solo de intentar controlarla, sino de sabotear las pesquisas desde dentro una vez que sus miasmas salieron a la luz.

Hoy, no obstante, eso que es necesario se ha vuelto urgente. Como mencionamos el lunes, este 12 de julio vence el mandato de Luis Arce Córdova como representante de la Junta de Fiscales Supremos (JFS) en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Arce también está inmerso en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto –además de compartir una denuncia por enriquecimiento ilícito con su hermano–, y dentro de la JFS existe el temor de que Pablo Sánchez sea destinado al JNE, dejando a la Junta con cuatro de sus cinco ocupantes manchados.

Y muchas voces han resaltado, asimismo, el riesgo que entraña la posibilidad contraria: que uno de los fiscales supremos manchados por el caso de los Cuellos Blancos del Puerto pueda llegar al pleno del JNE y, con ello, poner en tela de juicio el accionar del órgano electoral en una coyuntura en la que esta debe preparar unas elecciones generales.

Ahora que ya ha vuelto a funcionar, la JNJ debería poner de una vez estos casos sobre la mesa. Ya no hay tiempo para más postergaciones.