Editorial: Nueva administración, viejos trucos

El abrumador 50,7% de los votos con el que Luis Castañeda Lossio ganó las recientes elecciones municipales no deja margen de duda respecto del respaldo ciudadano con el que ha asumido una vez más la alcaldía metropolitana. Un respaldo que, muy probablemente, encuentra fundamento en el recuerdo que muchos limeños tienen de sus pasadas gestiones.

Un alarmante engaño en el que ha incurrido en estos días la nueva administración a su cargo, sin embargo, ha refrescado en la memoria otros episodios relacionados con él y su entorno, que son de recordación menos grata. Nos referimos, por supuesto, a la alteración del texto del Decreto Legislativo 955 que se incluyó en un comunicado de la municipalidad, irónicamente titulado “Información y verdad”, y que pretendía –según rezaba su encabezamiento– contrarrestar “las persistentes actitudes de algunas ex autoridades municipales dirigidas a desinformar a la opinión pública” sobre la situación de los trabajadores edilicios cuya renovación de contrato no había sido reconocida por la administración entrante. ‘Desinformar’, como se sabe, es definido por el diccionario de la Real Academia Española como: “dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines”.

¿En qué consistió la alteración? Pues en interpolar en la cita del artículo 30 del Decreto Legislativo una frase que convenía mucho a la posición del municipio en la confrontación con sus críticos, pero que solo era cosecha de la imaginación de la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas (cuya firma llevaba el comunicado).

El texto original del artículo en cuestión dice en su primer enunciado: “Durante el último año de gestión se prohíbe efectuar cualquier tipo de gasto corriente que implique compromisos de pagos posteriores a la finalización de la administración”. Pero en la versión difundida por la municipalidad, tras la palabra ‘corriente’, se agrega: “entre ellos el de renovación de cualquier tipo de contrato”.

La determinación de si esta manipulación del texto constituye un delito está todavía pendiente, pero lo que no está en discusión es su naturaleza mentirosa. Y las excusas ensayadas por los voceros del gobierno municipal solo han empeorado las cosas: el secretario general del Concejo Metropolitano, José Manuel Villalobos, ha hablado de un “error involuntario” (como si los errores voluntarios pudieran existir), y el regidor de Solidaridad Nacional Alfredo Saavedra ha definido el agregado como “una frase indicativa [...] que debió ponerse en paréntesis (sic)”, pero que, por el contrario, se puso en negritas y subrayada.

Pero si de algo es realmente indicativa la frase de marras es de la eventual persistencia de ciertos patrones inquietantes en la historia política de Solidaridad Nacional y su líder. No olvidemos las nubes que todavía ensombrecen su pretendida ignorancia de todas las operaciones de, por ejemplo, los gerentes financieros, administrativos y municipales de su pasada gestión edilicia, que vienen siendo investigados por colusión y malversación de fondos en el contexto del Caso Comunicore.

Recordemos también la forma indebida en que se benefició con el llamado “doble cobro”. Es decir, con los bonos por S/.189.140 que se hizo pagar entre el 2004 y el 2006, a pesar de que la Ley 28212 establece que un funcionario solo puede cobrar 12 sueldos y dos gratificaciones al año. Uno de esos escándalos en los que nadie termina asumiendo la responsabilidad.

Conviene, por otro lado, evocar también aquellas circunstancias engañosas o nunca esclarecidas que adornan la ‘performance’ de Castañeda como candidato. Como, por citar solo casos relativos al último proceso electoral, su intento de hacer pasar como propuesta suya lo que en realidad era el proyecto de la línea 6 del metro de Lima y estaba en la cartera de Pro Inversión desde algún tiempo atrás. O la llamativa diferencia existente entre los gastos de campaña reportados por Solidaridad Nacional (1 millón 900 mil soles, al decir de Patricia Juárez) y el cálculo de ONPE al respecto (más de 6 millones solo en publicidad). Un problema, hay que anotarlo, que también afectó a la postulación de Susana Villarán por Diálogo Vecinal.

Los ejemplos, en fin, podrían continuar, pero lo señalado basta para comprobar que la reciente adulteración de un texto legal por parte del actual gobierno municipal no puede ser considerada un dato aislado. La administración será nueva, pero el truco tiene un amargo sabor a ‘déjà vu’ que hace temer por el futuro de una gestión en la que la ciudadanía ha cifrado muchas esperanzas que no merecen ser burladas. Ojalá nos equivoquemos.