El domingo pasado, en Ucayali, el presidente Ollanta Humala promulgó el decreto supremo que crea el Parque Nacional Sierra del Divisor. La norma cumple con las expectativas de comunidades de la región y de los grupos ambientalistas que veían en peligro la preservación de los ecosistemas de la zona ante el avance de actividades ilegales.
Si bien la creación del nuevo parque nacional es una muestra de sensatez y de compromiso con el medio ambiente de parte del Ejecutivo, el mensaje del presidente Humala durante la ceremonia recordó inevitablemente las carencias de nuestro sistema de protección de parques y reveló, además, que en materia ambiental y de promoción de las inversiones el mandatario ha aprendido poco en estos cuatro años de gobierno.
Decimos que las declaraciones del presidente traen a la memoria los casos de otros parques naturales porque parece que esta administración continúa asumiendo que la realidad se debe adecuar a sus normas y no a la inversa. En particular, de poco servirá que se eleve la categoría de la Sierra del Divisor de reserva natural a parque nacional si las condiciones materiales para garantizar su integridad ambiental siguen en abandono.
Ahí están, solo por citar dos ejemplos, el Parque Nacional Alto Purús, donde la tala ilegal continúa de manera impune, y el Parque Nacional Huascarán, donde el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), encargado de su administración, ha denunciado la presencia avanzada de minería ilegal. En la medida en que la nueva categorización de Sierra del Divisor no venga acompañada por herramientas reales para el control de la tala ilegal, la minería informal y el narcotráfico que ya operan en la zona, el nuevo decreto supremo no pasará de un anuncio de buenas intenciones.
Decimos, también, que el mensaje del presidente demuestra que este ha fallado en asimilar una de las principales lecciones que su paso por Palacio de Gobierno debió imprimir. A saber, que la conservación del medio ambiente y el desarrollo económico no solo no son rivales, sino que deben ser actividades complementarias.
En Ucayali, el mandatario señaló que la promulgación de la norma sobre Sierra del Divisor es “un mensaje claro a la comunidad internacional y es un mensaje claro y potente a aquellos que en el Perú creen que todo se puede vender y se puede extraer por el bendito crecimiento económico y no se dan cuenta [de] que no tienen precio, y lo que no tiene precio no se puede vender. Por eso hemos venido ahora para darle el mensaje que el Perú se respeta”.
La invocación del presidente no hace sino reforzar la falsa dicotomía entre crecimiento económico y cuidado medioambiental. Es este discurso el que fomenta la confrontación entre diversos sectores de la sociedad antes que el trabajo conjunto, el ‘nosotros contra ellos’ antes que la visión de futuro compartida.
Nadie se opone a que la tala ilegal, el narcotráfico y la minería informal sean erradicados de los parques nacionales, ni a que cualquier actividad económica legítima deba cumplir con altos estándares ambientales y solo realizarse en zonas en las que su impacto ecológico sea el menor. Pero de ahí a fustigar al ‘bendito crecimiento económico’, que ha sacado a millones de la pobreza en las últimas décadas, hay un largo trecho.
De hecho, es justamente esta actitud de animadversión a los emprendimientos privados del presidente la que explica en parte la sensación de desconfianza de muchos empresarios. En vez de allanar el camino para promover la inversión responsable que genera trabajo y desarrollo, el mandatario ha aprovechado varias ocasiones públicas en los últimos años para recordarnos que sigue siendo escéptico de los beneficios que el mercado puede traer.