Editorial: Pintar la cancha

Han sido variadas las críticas que suscitaron las recomendaciones del informe final de la Comisión de Protección Social (CPS) –nombrada por el Ejecutivo a inicios de año para promover reformas en el mercado laboral, previsional y de salud–. Los cuestionamientos principales son dos. En primer lugar, respecto de la reforma en el mercado previsional, la comisión sugirió una riesgosa centralización de los fondos de pensiones en lo que podría ser un monopolio público (tema que fue abordado por este Diario la semana pasada). En segundo lugar, tanto para la sección previsional como de salud, las propuestas tienen una fuerte carga en el presupuesto público –a través de pensiones mínimas universales, por ejemplo– y podrían poner en riesgo la sostenibilidad fiscal que tanto esfuerzo le ha costado al país.

Pero que el punto de llegada sea cuestionable no significa que el punto de partida también lo sea. De hecho, es justo reconocer que el trabajo de identificación de problemática y de diagnóstico inicial llevado a cabo por la CPS es destacable. En la sección de salud y la previsional se pone sobre el tapete que ambos mercados funcionan hoy de manera fraccionada e ineficiente. En salud, con poca articulación entre los privados, Essalud y el Minsa, y enormes brechas en calidad de atención al ciudadano. En previsional, con un alcance de menos de un tercio de la población, competencia antes que complementariedad entre las AFP y la ONP, y con costos de administración relativamente altos. Ninguno es sostenible ni cumple con los objetivos para los que fue creado. La salida óptima a estos problemas puede no ser la planteada por la CPS, pero el buen diagnóstico debería servir por lo menos para empezar un debate serio al respecto.

El diagnóstico sobre el mercado laboral merece un comentario aparte. A diferencia de los otros dos temas, nunca estuvo dentro de los objetivos de la CPS un replanteamiento integral del sector trabajo –quizá por lo políticamente complicado del asunto–. Por el contrario, la expectativa era mucho más modesta. Fue la propuesta de campaña del presidente Kuczynski respecto al reemplazo de la CTS por un seguro de desempleo –algo relativamente menor comparado con las monumentales distorsiones que existen en este mercado– lo que motivó el análisis (emprendido principalmente por el investigador Miguel Jaramillo).

A pesar de la corta ambición de la iniciativa sometida a evaluación, lo cierto es que en el diagnóstico del mercado laboral, donde se puso el dedo brotó pus: altísima concentración de empleos en pequeñas empresas poco productivas, estancamiento de los ingresos, informalidad generalizada, enormes rigideces en el despido y un larguísimo etcétera. Así, se identificó que “los trabajadores asalariados con contrato por tiempo indefinido, población foco de un seguro de desempleo estándar, es una porción más bien pequeña de la PEA asalariada, alrededor de 15%”. En otras palabras, la “política laboral” se hace hoy solo para una muy reducida minoría.

En particular, la “progresiva restauración de la reposición en el puesto de trabajo como vía preferente para compensar a trabajadores que han sufrido un despido”, consecuencia de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) respecto del artículo 27° de la Constitución, fue identificada como una causa de la falta de creación de empleo formal a tiempo indefinido. Desde este Diario hemos llamado consistentemente la atención respecto de las consecuencias de esta interpretación del TC, y el diagnóstico de la CPS no hace sino confirmar lo urgente que es poner luces sobre este fallo que hoy limita las opciones de los trabajadores y empleadores del Perú.

Más allá del debate sobre las recomendaciones particulares, la CPS ha sido un esfuerzo notorio para poner en agenda temas que realmente importan. En medio de tanto protagonismo por temas secundarios, el diagnóstico de la comisión es un buen recordatorio de que hay muchísimo por hacer.