Editorial: Políticamente antiético
Editorial: Políticamente antiético
Editorial El Comercio

Si algo vienen mostrando las constantes pugnas en el interior del (FA) es la naturaleza de los valores (o desvalores) que reivindican sus respectivos representantes y ocasionan, precisamente, dichas contiendas públicas.

Así, la negativa del bloque de Tierra y Libertad de abrir el padrón de afiliados del FA dice mucho de su vocación pluralista y democrática, y el interés de la facción de Nuevo Perú de destinar un estipendio a favor de las actividades políticas de Verónika Mendoza refleja cuán fidedigno es ese ánimo por lograr “liderazgos múltiples” en la coalición izquierdista. El más reciente incidente protagonizado por el portavoz de bancada, , trasluce, a su vez, su singular estándar sobre el comportamiento “ético” con el que debería conducirse un parlamentario.

Como se sabe, la semana pasada, la bancada del FA dio a conocer, a través de un comunicado, que su vocero, Marco Arana, había resuelto retirar al congresista Richard Arce (integrante de la facción de Nuevo Perú) de la Comisión de Ética del Congreso, luego de que este último se abstuviera en la votación por la cual se aprobó iniciar una investigación preliminar contra Marco Arana y Justiniano Apaza por presuntamente haber realizado apología del terrorismo.

En respuesta, el bloque Nuevo Perú emitió su propio comunicado por el que exigía la restitución inmediata del congresista en la mencionada comisión. En él se sostenía que la acción llevada a cabo por Arana se trataba de una decisión “individual, sin fundamento e ilegal”. Igualmente, extendieron su queja a la presidenta del Congreso aduciendo que Arana carece de facultades para retirar a parlamentarios de comisiones y que dicha medida no es representativa de la mayoría de los miembros del FA, quienes no fueron consultados.

No es la primera vez que el fundador de Tierra y Libertad es acusado de imponer su voluntad de forma inconsulta. Precisamente, la publicación de un video a nombre del FA en el que se rechazaba el proyecto de ley que declaraba héroes de la democracia a los comandos Chavín de Huántar –y en el que se incluía la imagen del entierro de una terrorista, que, a la postre, motivó la investigación preliminar contra Arana– fue objeto de protesta del bloque ‘mendocista’ por no habérseles preguntado por el contenido ni la oportunidad de la difusión del video.

Similares imputaciones se dieron con ocasión del voto del ‘aranista’ Jorge Castro a favor de que el fujimorista Víctor Albrecht presidiera la Comisión Lava Jato (puesto al que terminaría renunciando). Varios legisladores de Nuevo Perú reclamaron por dicha decisión alegando que “no se consultó en bancada” (Marisa Glave e Indira Huilca) y no representaba la posición del FA (Manuel Dammert y Alberto Quintanilla). El propio Richard Arce cuestionó que la designación de Castro como miembro de dicha comisión haya sido dispuesta, a dedo, por Arana.

Más allá de estas trifulcas, lo particular del más reciente conflicto es que la determinación de Arana de excluir a un congresista de la Comisión de Ética se debió al sentido de su voto, el cual –según reza el comunicado que anuncia la separación– “avaló” la acusación en contra de sus correligionarios, y ocasionó que se haya “perdido todo tipo de confianza en su desempeño en la referida comisión”.

Lo que, en buena cuenta, supone que para Marco Arana sí existe el mandato imperativo sobre los votos que puede emitir un parlamentario (pese a que la Constitución estipula expresamente lo contrario) y que, más allá de lo que se opine sobre el sustento para iniciarle o no una investigación preliminar, las decisiones en la Comisión de Ética deben seguir un criterio de lealtad partidaria. Es decir, debe primar la política antes que la ética.

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