Editorial: Propina carioca

Esta semana, César Zanabria, fiscal superior de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, señaló que se abrirá una investigación preliminar sobre las supuestas coimas que habrían pagado empresas brasileñas durante la construcción de la carretera Interoceánica en las gestiones de Alejandro Toledo y Alan García. ¿Se justifica una investigación del Ministerio Público ante los datos revelados? Los indicios parecen apuntar a una respuesta afirmativa.

Las pesquisas nacen a raíz de información publicada por el portal Convoca.pe con respecto a documentos incautados por la Policía Federal de Brasil en el 2009 como parte de la operación Castillo de Arena a ejecutivos de Camargo Correa. Esta empresa forma parte del consorcio Intersur, ganador de una de las licitaciones para la construcción de la carretera, y habría recibido poco más de US$180 millones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para financiar el tramo 4 de la misma.

Para las autoridades peruanas, la parte relevante de la información incautada proviene del USB de Pietro Gavina Bianchi, ex director y consultor del grupo Camargo Correa. En este se revelarían pagos entre el 2005 y el 2008 bajo el sugestivo título “Predicción de propinas tramo IV-Interoceánica”, que ascienden a aproximadamente US$6,3 millones.

De dicho monto, US$106.944 aparecen relacionados –en una inscripción a mano– con “JR”, “Max Vanderlei” –quien podría ser Marcos de Moura Wanderley, ex representante legal de Camargo Correa durante las negociaciones de la Interoceánica– y “Toledo”. Las suspicacias respecto del involucramiento del ex presidente encuentran parte de su justificación en un documento adicional de la policía brasileña. Este explicaría que el pago se hizo en tres partes, y que el último depósito –de US$31.667– se efectuó el 25 de julio del 2006, un día antes de que el viceministro de Transportes de entonces, Néstor Palacios, firmara la tercera adenda al contrato de adjudicación que beneficiaba a Intersur, y tres días antes de que el señor Toledo dejara Palacio de Gobierno.

La relación de Perú Posible con Camargo Correa, de hecho, no es nueva. Como se recuerda, esta empresa fue la segunda principal financista de la campaña de Alejandro Toledo durante el 2011 con S/.168.000 –la principal financista fue otra empresa brasileña del mismo rubro llamada Galvao Engenharia–.

Las recientes revelaciones podrían salpicar no solo al gobierno de la chacana, sino también a su sucesor. Según Convoca.pe, la información incautada señala que durante la administración aprista se recibieron seis pagos mensuales de US$175.000, equivalentes al 0,5% de los US$198 millones asignados para la obra, con destinatarios desconocidos. 

El viernes pasado, además, “Perú 21” informó que ex funcionarios apristas –entre los que se encuentran el ex ministro Hernán Garrido Lecca, el ex viceministro Juan Sarmiento, el ex presidente de Sedapal Guillermo León y el ex gerente de este organismo Umberto Olcese– aparecerían como potenciales receptores de sobornos en relación con la construcción de la planta de tratamiento de Huachipa, adjudicada en junio del 2008. El mismo reportaje también indica que existiría un pago US$50.000  –registrado a mano– destinado a ‘político’ “García”, “campaña”, una potencial alusión a contribuciones no registradas a la campaña aprista del 2006.

Por el momento, todos los involucrados han negado cualquier pago irregular. El ex ministro aprista Enrique Cornejo señaló al respecto que “cada metro y kilómetro de la carretera está sustentado con informes de la contraloría”, en tanto que otros involucrados han destacado que este caso ya fue archivado por la justicia brasileña.  Ante estos destapes parecen quedar, sin embargo, tantas conjeturas como preguntas pendientes, incluso al margen de las sospechas que levantan todos los datos aquí presentados, y que podrían ser esclarecidas por la justicia peruana. ¿Por qué se empezó la construcción de la obra sin Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y sin aprobación del SNIP? ¿Por qué se triplicó el costo inicial presupuestado? ¿Y cómo y por qué ha salido a la luz esta información seis años después de hallada? Las respuestas las buscará, dicen, la fiscalía y la Comisión de Fiscalización del Congreso con ayuda de las autoridades brasileñas que vieron el caso. Que así sea.