La Junta de Portavoces designó la semana pasada a los miembros de la comisión especial encargada de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC). (Foto: GEC)
La Junta de Portavoces designó la semana pasada a los miembros de la comisión especial encargada de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC). (Foto: GEC)
Editorial El Comercio

La semana pasada la comisión especial del encargada de la elección de los seis miembros del , que deberán reemplazar a los magistrados cuyos mandatos expiraron el pasado 3 de junio, terminó de confeccionar su lista definitiva de postulantes. Al final, han sido 11 los juristas seleccionados que deberán someterse al Pleno y recibir la venia de al menos 87 legisladores para poder ser ungidos.

Como dijimos hace unos días, en los últimos años este tipo de procedimientos no ha estado exento de polémica sin que eso signifique descalificar a priori la selección de las bancadas. Al fin y al cabo, el vencimiento de los cargos de los magistrados ha determinado que sea esta representación nacional la que elija a sus relevos (independientemente de la delicada tesitura política que viene atravesando el país) y, en última instancia, será la ciudadanía la que evalúe si en la decisión de los legisladores han pesado más criterios como la preparación y la asepsia moral de los nominados antes que un frívolo interés partidista.

Dicho lo anterior, sin embargo, no podemos ignorar que desde ya existen dos indicadores que, a una semana de la votación en el pleno, resultan preocupantes: el plazo con el que se ha cocinado esta elección y las sombras que empañan algunas nominaciones.

Sobre lo primero, y como informamos ayer en este Diario, resulta llamativa la premura con la que los congresistas han preparado este proceso (el que menos tiempo ha tomado en la última década). Así, por ejemplo, desde que en el 2009 se designó como magistrado del TC a Óscar Urviola Hani hasta el último nombramiento de Augusto Ferrero Costa en el 2017, el Parlamento –en promedio– se ha tardado 91 días entre la instalación de la comisión especial hasta la presentación final de la lista. La misma operación, ahora, se ha realizado en apenas cinco días. Incluso cuando el Congreso ha tenido que revisar el relevo de un solo magistrado –y no de seis, como ocurre en esta oportunidad– se ha tomado más tiempo.

Como es previsible, esta rapidez ha comenzado a evidenciar algunas costuras que parecen indicar que la selección no ha sido tan escrupulosa como se esperaría que fuera.

Sorprende, por decir lo menos, que cuatro de los once nominados hayan intercambiado algunas llamadas con los magistrados involucrados en el escándalo de los ‘CNM-audios’. Una circunstancia que sí proyecta sobre ellos una preocupante sombra de la que resulta difícil disociarlos en momentos en los que se requiere que la ciudadanía recupere la confianza en sus instituciones. Más aun cuando el TC ha sido, a diferencia de la Corte Suprema y de la Junta de Fiscales Supremos, uno de los pocos organismos que se ha mantenido al margen del escándalo en cuestión.

Un caso relevante es el de la abogada Carmela de Orbegoso Rusell, que en un primer momento negó conocer al hoy exmagistrado César Hinostroza (a pesar de que aparece en un audio llamándolo “hermanito lindo”) y que llegó a deslizar la idea de que la voz que se escuchaba en el clip podría haber sido simulada, para luego ‘recordar’ que sí lo conocía.

Preocupa, asimismo, que tres nominados hayan emitido opinión sobre el adelanto de elecciones (un asunto que, eventualmente, podría terminar dirimiéndose en el TC). Y si bien es cierto, descalificarlos de plano por haber ventilado su posición personal cuando no sabían si integrarían la lista definitiva luciría un poco desproporcionado, sí habría que pedirles a dichos magistrados que, en caso llegue el momento de revisar el tema, tengan la cortesía mínima de inhibirse.

Tampoco es encomiable que tres bancadas hayan optado por no presentar candidatos a modo de protesta. Pues justamente lo que se necesita en momentos así es la mayor cantidad de opciones para que la posibilidad de que se impongan aspirantes cuestionados se vea más reducida.

De cualquier manera, y como ha ocurrido antes, será este Congreso el que terminará cargando con los pasivos de sus propias decisiones. Hasta ahora, sin embargo, la forma como han preparado este proceso no parece presagiarles muchos aplausos.