Editorial: ¿La región más transparente?

Transcurrido un año desde que los gobernadores regionales asumieron sus cargos, resulta útil repasar en qué situación se encuentran las autoridades elegidas. El elector debe sacar conclusiones sobre la votación de entonces y, de paso, sobre los candidatos que hoy aspiran a alcanzar la Presidencia de la República.

Varios de los gobernadores regionales fueron electos en medio de procesos judiciales y cuestionamientos sobre el financiamiento de sus campañas. Un año más tarde, muchas de estas dudas no han sido absueltas, hay investigaciones en proceso y algunas autoridades han sido sentenciadas.

En Ayacucho, Wilfredo Oscorima ganó la reelección pese a las graves acusaciones que se le imputaban. Tras haber sido condenado en junio pasado a cinco años de prisión por delitos contra la administración pública, fue separado del cargo y hoy se encuentra prófugo de la justicia. 

Por su parte, Gregorio Santos, de Cajamarca, está siendo procesado por cohecho pasivo, asociación ilícita para delinquir y colusión en agravio del Estado. Desde julio del 2014 cumple prisión preventiva, aunque esto no le impidió ser reelegido y ahora tentar la Presidencia de la República.

El gobernador de Amazonas, Gilmer Horma, enfrenta una investigación preliminar a cargo de la fiscalía por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Igual sucede con Fernando Meléndez, de Loreto, y Manuel Gambini, de Ucayali. Los tres son autoridades en funciones.

Asimismo, Teódulo Quispe, de Pasco, tiene una sentencia firme por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias. El gobernador de Junín, Ángel Unchupaico, es investigado por el Ministerio Público por un posible desbalance patrimonial. En Moquegua, Jaime Rodríguez hizo célebre la frase: “Lo que robé lo compartí”, lo que muestra el límite al que ha llegado el impune matrimonio entre la política y el delito.

En Tumbes, Ricardo Flores ha construido un hotel sin licencia y sin adecuarse al Reglamento Nacional de Edificaciones. La municipalidad trata ahora de recaudar la multa respectiva a través de una cobranza coactiva (pues el gobernador regional ha ignorado las notificaciones que le remitieron). 

Glodoaldo Álvarez, de Huancavelica, es procesado por apropiación ilícita y ha sido denunciado por abuso de autoridad. A Félix Moreno, de la convulsionada región Callao, se lo investiga por colusión agravada, negociación incompatible, peculado y lavado de dinero. También por haber realizado mejoras –sauna incluido– en las oficinas del Cuartel General del Ejército.

Ahora, si tomamos en cuenta a las autoridades regionales que ocuparon el cargo del 2011 al 2014, encontramos que 11 de 25 enfrentan procesos de investigación penal en el Ministerio Público. Algunos están en prisión preventiva (como César Álvarez de Áncash o Klever Meléndez de Pasco), otros son prófugos de la justicia y cinco tienen comparecencia simple.

Por supuesto, la presunción de inocencia debe primar como derecho del debido proceso en el caso de todos los ciudadanos. Es decir, nadie debe ser excluido de sus derechos políticos sin sentencia de por medio. Más aun cuando en la política no son pocas las acusaciones falsas y zancadillas de tipo administrativo. Es tarea de la ciudadanía, sin embargo, evaluar esos riesgos al momento de decidir su voto. 

Un elector no es un magistrado de la judicatura. Por tanto, no debe limitarse a juzgar según pruebas fehacientes y legales, sino que es dueño de sus propias sospechas y prejuicios. Finalmente, le bastará el olfato electoral y los estándares de su propia intuición moral al momento de decidir su voto.

En una democracia, el principal medio de juicio se da en las urnas, pues –en lo que refiere a purgar a malos funcionarios– muchas veces puede ser más efectivo que los organismos oficiales. Es importante, por ello, que ante las evidencias –o por lo menos las sospechas– que se presenten, el elector esté prevenido y juzgue de la mejor manera quién merece gobernarnos.