Editorial: Ruta en construcción

Las noticias que normalmente dominan el debate nacional no siempre tienen un impacto directo sobre el ciudadano corriente. Lo aprobado en el pasado viernes en el Concejo Metropolitano de Lima es una marcada excepción.

A partir de hoy se restringirá el uso de vehículos particulares en ciertas vías de la ciudad capital en función al último dígito de su número de placa. Así, en un sistema que se conoce como ‘pico y placa’, autos y camionetas particulares estarán prohibidos de circular un par de días de la semana en horarios de alta congestión vehicular. Lunes y miércoles se restringe el ingreso de unidades con placa par en las rutas seleccionadas, mientras que martes y jueves se hace lo propio con las impares. Durante las primeras semanas –y en coincidencia con los Juegos Panamericanos– se aplicará el programa en modo de período de prueba (sin sanciones económicas para los infractores, solo papeletas educativas). A partir del lunes 5 agosto, las multas serán de S/336.

En principio, se debe saludar el interés de la gestión edilicia que lidera el alcalde Jorge Muñoz por implementar medidas relativamente novedosas –eso es, más allá de los ‘by-pass’ de gestiones pasadas– para enfrentar uno de los problemas que más dolores de cabeza causa a los ciudadanos de Lima. Se requieren decisiones políticas que se arriesguen a romper con la inercia que ha sumido al tráfico de Lima en el caos y la informalidad.

Sin embargo, no son pocos los aspectos que deben llamar a reflexión. En primer lugar, las experiencias de otras ciudades de la región con el ‘pico y placa’ dejan lecciones que no se deben ignorar. En México D.F., la estrategia habría reducido la congestión solo en los primeros meses de su aplicación. En Bogotá, ciudad que aplica el sistema desde hace más de 20 años, los resultados tampoco serían marcadamente favorables. Como con otras medidas restrictivas que se imponen desde el Estado, la respuesta de los ciudadanos no se hace esperar mucho: algunas familias con suficientes recursos compran un segundo vehículo –incrementando el parque automotor–, mientras que otros conductores encuentran la manera de evadir la regulación. Pasado el período inicial de ajuste, no es inusual que el tráfico vuelva a su estado anterior, de una forma u otra.

En segundo lugar, el esfuerzo por fiscalizar la ordenanza no es menor. ¿Tienen las autoridades la capacidad suficiente para supervisar el cumplimiento de la norma? ¿Y es este, en todo caso, el mejor uso del tiempo y recursos de los sectores involucrados? Según se sabe, el control se haría principalmente mediante fotopapeletas (ya se instalaron 80 cámaras de vigilancia en las vías comprometidas) y se desplegará a 250 agentes de tránsito para fiscalizar que se cumpla la ordenanza metropolitana.

En tercer lugar, el punto de fondo es que el sistema de ‘pico y placa’ podría dar resultado en la medida en que se complemente con otras reformas, quizá algunas aún más complicadas. En particular, la mejora del sistema de transporte público –para ir por los corredores parcialmente restringidos, pero también por las rutas que los alimentan– es clave. Muchos conductores optarán por tomar las vías alternas a su ruta regular, trasladando hacia allí la congestión y manteniendo el problema principal. Si el transporte público formal no es una alternativa aceptable, por tiempo, costo o comodidad, para los cientos de miles de personas que deben llegar por ese camino a su centro de trabajo o de estudios, ellos encontrarán la manera de pasar por encima de la regulación, tal y como ha sucedido en otras ciudades.

Finalmente, si bien el período de prueba finaliza oficialmente en dos semanas, la verdad es que cualquier iniciativa de este tipo debe estar en permanente evaluación para medir sus resultados reales. Después de todo, el sistema ‘pico y placa’ restringe parcialmente el uso de la propiedad de los dueños de vehículos, de modo que se requiere de un buen motivo para justificarlo. Ajustarse a los datos de tráfico que irán apareciendo, más que a las buenas intenciones del regulador, puede ayudar a corregir los puntos débiles del planteamiento inicial, o a cortarlo de raíz si fuera necesario. Las evaluaciones de impacto no son algo que se acostumbre a hacer en las políticas públicas del Perú, pero esta debería ser una gran oportunidad de comenzar.