Editorial: Sensata observación

El viernes por la tarde, el presidente Ollanta Humala envió un oficio al Congreso de la República en el que se observa la autógrafa de ley que facultaba a la empresa estatal Petro-Perú a explotar el lote 192. Felicitamos la decisión del presidente. A pesar de que el Ejecutivo –representado por el jefe de Estado y sus ministros– había transmitido mensajes contradictorios respecto al rol que las empresas públicas deben jugar en el desarrollo del país, la observación es una saludable señal de coherencia dentro de ese poder del Estado y, sobre todo, una expresión de sensatez y responsabilidad de parte del mandatario.

Como se recuerda, a inicios de setiembre el Legislativo aprobó un dictamen que abría las puertas a Petro-Perú para operar los pozos petroleros en el lote 192. Para ello se incorporaba una disposición complementaria a la Ley 30130 que autorizaba a la empresa estatal a explotar el yacimiento ubicado en Loreto. El levantamiento de los candados legales a las operaciones de Petro-Perú –puestos por este mismo Congreso en el 2013– puso en evidencia que para buena parte de los parlamentarios la institucionalidad bien podía ser solo una baja o daño colateral en la lucha por votos.

La actitud del Ejecutivo, entonces, resulta gratamente juiciosa, más aun cuando las filiaciones del primer mandatario no estaban del todo claras. Hace solo una semana, por ejemplo, afirmó que no podía “ponerse en tela de juicio el amor y la preocupación de este gobierno en fortalecer a sus empresas públicas”. En particular, sobre Petro-Perú se recuerda su interés por adquirir los activos de Repsol y el relanzamiento de la refinería de Talara –una obra que aprovechó para reivindicar al dictador Juan Velasco y la “dignidad nacional” que el proyecto traía–. 

Existen, pues, razones técnicas e institucionales para evitar el acceso de Petro-Perú al lote 192. Por el lado técnico, el mismo presidente del directorio de la institución, Germán Velásquez, ha expresado en estas páginas que la petrolera no se encuentra en condiciones de administrarlo. Y esto no solo por estar enfocados en la modernización de la refinería antes mencionada –una obra enormemente costosa que demandará al Estado una inversión superior a los US$3.500 millones–, sino porque la empresa no ha realizado labores de explotación en más de dos décadas y su equipo de exploración cuenta con apenas seis personas.

Por el lado institucional, como bien ha señalado el Ejecutivo, la modificatoria propuesta por el Congreso minimizaba el papel que debe jugar Perú-Petro en la negociación y adjudicación de lotes petroleros. En la práctica, la autógrafa de ley no solo desconocía la Ley Orgánica de Hidrocarburos (las leyes orgánicas no se pueden modificar con leyes ordinarias), sino que, en oposición al ordenamiento constitucional, proponía una norma con nombre propio. En este sentido, resulta paradójico, por lo demás, que la autógrafa del Congreso haya tenido la gentileza de otorgar a Perú-Petro la posibilidad de una “previa evaluación”, para luego autorizar la concesión del lote a Petro-Perú mediante negociación directa, independientemente de los resultados de sus pesquisas.

Si el Congreso promulga la ley por insistencia –como propone el fujimorismo y parte de la bancada oficialista–, el mensaje institucional será grave. Esto porque, al tener el gobierno un contrato para la explotación del lote con la empresa Pacific Stratus Energy, la resolución del acuerdo permitiría a la compañía iniciar acciones legales contra el país (un proceso que, legítimamente, perderíamos). Pero las consecuencias irían más allá. En un lugar donde el Estado no respeta las reglas del juego, es poco probable que alguien se anime a poner en riesgo su dinero.

A pesar de que la observación del Ejecutivo dejaría las puertas abiertas para que Petro-Perú pueda participar en la explotación del yacimiento en dos años, la respuesta al Congreso va mucho más en línea con la realidad operativa de la empresa estatal y también con el ordenamiento jurídico e institucional del país. El reto ahora es que el presidente pueda convencer a su propia bancada de ello.