Editorial: Sin defensa

Mencionábamos ayer en estas páginas que el proceso de vacancia iniciado en el Congreso en contra del presidente Martín Vizcarra estaba regado de vicios procesales. La votación del pleno reflejaba una premura irresponsable dada la gravedad de la decisión, la falta de pruebas sólidas, la fiabilidad de los principales instigadores y la difícil situación por la que atraviesa el país. Ello no eximía, por supuesto, al presidente Vizcarra y a su entorno de dar los descargos correspondientes sobre las conversaciones filtradas y, eventualmente, enfrentar las investigaciones fiscales a las que hubiere lugar. Pero el proceso político para la remoción de un presidente de la República tiene un orden, una lógica y una institucionalidad que no debían pasarse por alto.

Si la acusación hasta el viernes en la noche era endeble, lo trascendido el día de ayer termina de deslegitimar el intento de vacancia. Según se supo, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama –uno de los principales facilitadores de la vacancia exprés y cuyo rol en el tinglado que involucra a Richard Cisneros (conocido como Richard Swing) y al congresista Edgar Alarcón aún no está claro–, intentó comunicarse con los comandantes de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con sus propias declaraciones, Merino llamó al comandante general de la Marina, almirante AP Fernando Cerdán, cuando aún no se había tomado una decisión sobre la moción de vacancia. “Lo único que le manifesté es que […] el Congreso actuaría de una manera responsable y en el marco de la Constitución”, señaló el titular del Legislativo sobre la conversación. Merino habría también intentado comunicarse, sin éxito, con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP César Astudillo. Ambos militares informaron al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, de los acercamientos del congresista.

La decisión de Cerdán y Astudillo de elevar la situación al nivel ministerial refleja lo irregular e inapropiado del contacto de Merino. La conferencia de prensa ofrecida ayer en la tarde por el presidente del Congreso –en compañía del vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga– dejó más dudas que certezas sobre el motivo que lo habría llevado a contactar a las Fuerzas Armadas. Si el objetivo era transmitirles calma, el efecto logrado fue precisamente el opuesto.

Como es lógico, en la medida en que esta situación ha dado más fuerza a las hipótesis que apuntaban a la existencia de un complot al interior de parte del Legislativo para vacar al presidente Vizcarra, los bríos de algunos entusiastas de la iniciativa contra el mandatario han ido enfriándose. César Acuña, presidente de Alianza para el Progreso, partido que votó en bloque a favor de admitir a trámite la moción de vacancia, recomendó ayer a su bancada mantener al presidente. Daniel Urresti, congresista de Podemos Perú, aludió a “manejos oscuros” de Merino para justificar no aprobar una eventual vacancia. Otros posiblemente irán también reculando en los siguientes días.

Para detener el proceso en marcha, el Gobierno anunció que presentará una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, de acuerdo con especialistas consultados por este Diario, los plazos podrían jugar en su contra. La defensa del presidente en el pleno está programada para el siguiente viernes 18 de setiembre. La votación se llevaría a cabo el mismo día. Lo más efectivo y saludable para el sistema democrático es que los ánimos políticos a favor de la vacancia se desinflen en línea con la debilidad de los argumentos que la sustentan, y a la luz de lo que sugieren las impropias llamadas del presidente del Congreso a las Fuerzas Armadas. Aún queda tiempo y oportunidad para que el resto de congresistas desista de aparecer en una foto que día a día se va poniendo peor.