(Editorial) Tantas veces Nadine

Qué magnífico sería si pudiéramos dejar finalmente de lado el tema de la reelección conyugal. Magnífico para las perspectivas de futuro del país, para su clima político, incluso para el Gobierno (al menos si lo vemos como diferente de las que puedan ser las ambiciones políticas personales de sus principales cabezas). Después de todo, si este asunto desapareciese del escenario público, desaparecerían con él las más severas dudas acerca de las intenciones de muchas de sus decisiones (por ejemplo, la forma en que viene aumentando su gasto social asistencialista).

Desafortunadamente, sin embargo, este es un tema que se resiste a irse, pese a la negativa que en su momento diese la señora Heredia sobre la posibilidad de postular (promesa en la que el 77% de la ciudadanía dice no creer). Y se resiste a irse, no solo porque esta negativa se dio únicamente luego de 24 meses de lo que parecía una franca resistencia a hacerla y en los que la primera dama se prodigó en una serie de actos populares, en los que normalmente era repartido o anunciado algo que financiaba el Estado. No. Se resiste a irse también, porque, aún luego de esta negativa, cada cierto tiempo suceden cosas extrañas, no determinantes en sí, pero que son precisamente el tipo de sucesos que tendrían que ocurrir si es que se estuviese preparando un plan reeleccionista de nuestra “pareja presidencial”.

Nos referimos a cosas como, por ejemplo, la decisión de hacer de nuestra ubicua primera dama la presidenta del Partido Nacionalista. O el que un abogado militante de este partido –Jesús Barboza– esté presentando recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)y el Poder Judicial con el fin de obtener una declaración de inaplicabilidad –por inconstitucional– de la ley que prohíbe a un cónyuge del presidente postular al cargo de este en el período inmediatamente posterior al suyo. ¿Qué busca este abogado nacionalista (que presentó su primer recurso ante el JNE en mayo del año pasado)? ¿Ir agotando posibilidades como para llegar a una instancia con poder de última palabra –como el pleno del JNE o el Tribunal Constitucional– justamente cuando sea el momento de comenzar las campañas al 2016?

Ciertamente, esto último no es algo que se pueda descartar. No cuando, por ejemplo, frente al recurso presentado por el señor Barboza, el JNE afirmó que no podía pronunciarse sobre si la aludida ley violaría los derechos constitucionales de la señora Heredia si ella quisiese postular en las elecciones del 2016 porque “a la fecha” no han sido convocadas estas elecciones. En otras palabras, algo así como que “ahorita” no pueden decir si esa ley colisiona o no con la Constitución. Lo que, obviamente, deja abierta la incógnita: ¿cuando ya le parezca que es el momento de pronunciarse, qué dirá el JNE sobre el tema? No hay que olvidar que hace un tiempo el presidente de la institución dijo que la Constitución no prohibía la candidatura de la señora Heredia, sino solo “una norma de menor rango”, y que “en su momento” habría que ver cuál de las dos prevalecía...

Naturalmente, de más está decir que cualquier acrobacia jurídica con la que eventualmente se “interpretase” que la ley en cuestión es inconstitucional violaría el espíritu de la Constitución. Los mismos motivos que existen para que la Constitución prohíba al presidente postular a una reelección inmediata existen para prohibir a sus familiares más directos hacerlo. Motivos como impedir que los recursos públicos sean usados directa o indirectamente en una campaña electoral, desnivelando la cancha democrática; como imposibilitar que se generen incentivos para que un gobierno tome decisiones pensando más en lo que conviene a su reelección que al país; y como inviabilizar que alguien (aunque este “alguien” sea una pareja) pueda usar su continuidad en el poder para capturar, mediante nombramientos u arreglos debajo de la mesa, las instituciones que sirven para dividirlo y limitarlo (un riesgo siempre presente en países como el nuestro, donde las instituciones son todavía frágiles). Cosas todas estas que ya vimos los peruanos en los noventa y que suceden también ahora en varios otros lugares del continente.

Es, decíamos, un verdadero y muy costoso infortunio que este tema continúe amenazando el escenario nacional. Pero no por ello se debe caer en la tentación de minimizarlo. Acá hay un peligro real. El mismo primer ministro acaba de reconocer, en un muy elocuente lapsus producido cuando intentaba deslindar la responsabilidad del Gobierno en el tema, que quien debe responder por las acciones del abogado Barboza es el Partido Nacionalista. Es decir, su presidenta Nadine Heredia, quien, en efecto, debería garantizar que la acción política de los militantes de su partido esté en línea con lo que ella ha prometido, y quien debería aprovechar también para ratificarse formalmente, como presidenta del partido, en lo que hace unos meses solo negó al paso y, hasta ahora, poco convincentemente.