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Desde que estalló el Caso López Meneses muchas voces han asegurado que las incógnitas que lo rodean (como ¿qué se resguardaba?, ¿por orden de quién?, ¿hasta dónde llega la cadena de mando?) no serían resueltas hasta finalizado el gobierno del señor Humala. Y razones no les faltan. Una vez más, pareciera que muchos de los responsables de esclarecer este caso en el Congreso estuvieran haciendo todo lo que está a su alcance para dilatar y no resolver lo que –junto con el Caso Belaunde Lossio– posiblemente sea uno de los escándalos de corrupción más graves que involucran al gobierno.
Esto ha quedado evidenciado con lo sucedido recientemente en la comisión. Por más sorprendente que parezca, hace unos días esta (con el voto en contra de su presidente) postergó hasta el lunes 15 el inicio del debate de las conclusiones del borrador del informe. Y decimos sorprendente por dos razones. La primera: la postergación del debate se debió a que seis de los siete integrantes de la comisión no habrían leído –o terminado de leer en el mejor de los casos– el borrador final a pesar de haber tenido todo el pasado fin de semana largo para hacerlo. Y la segunda: justamente el lunes 15 es el último día de la primera legislatura, por lo que recién en marzo del próximo año se podrán reanudar las sesiones. Luego, habrá que pasar otra barrera más –que, a juzgar por la actuación del Congreso en anteriores casos, no se ve muy auspiciosa–: lograr que entre en la agenda para su posterior debate en el pleno.
La desidia, por decir lo menos, mostrada por la mayoría de los miembros de la comisión permitirá que se opaquen con el tiempo una serie de nuevos hechos y contradicciones recientemente reveladas que amenazan con complicar la situación del gobierno. Recordemos cómo en un primer momento se anunció que el informe al cual nos referimos estaría listo en julio de este año y que, sin embargo, fue constantemente pospuesto. El argumento para estas continuas dilaciones: faltaba tiempo para realizar más investigaciones. No obstante habría que recordar a los congresistas que esta “falta de tiempo” fue ocasionada por sus propias ausencias que ocasionaron que no se haya podido sesionar por falta de quórum. Así se vio, por ejemplo, en la sesión en la que se debía determinar qué personas tendrían la calidad de investigados, cuando los congresistas Josué Gutiérrez, Enrique Wong y Yonhy Lescano simplemente no aparecieron. O las reiteradas sesiones convocadas por su presidente Juan Díaz Dios para aprobar el levantamiento del secreto bancario y de telecomunicaciones a más de 20 personas, lo que tampoco se pudo realizar a tiempo por la misma razón.
A dos días de finalizar la legislatura, la ciudadanía quedará con más interrogantes que respuestas. Estas interrogantes, ahora más que nunca, urge resolver debido a una serie de importantes nuevas revelaciones que han tenido lugar en estos días con el levantamiento del secreto de las comunicaciones del celular a nombre del taxista Francisco Lara. Desde este equipo –que no pertenecería realmente a él–, se hicieron las coordinaciones para la ilegal custodia a la casa de López Meneses. En el reporte se encontró, por ejemplo, que desde ese teléfono se habrían hecho llamadas al jefe de Migraciones, a diversos congresistas, al despacho presidencial y, además, que habría existido una frecuente comunicación con el ex ministro de Defensa y actual congresista oficialista José Urquizo. Y, por más asombroso que parezca, también se habrían realizado llamadas al propio congresista Yonhy Lescano, miembro de la comisión que investiga este caso.
Lo anterior, por supuesto, llama mucho la atención considerando que –al menos en lo que respecta al presidente Humala y al gobierno– estamos frente a un caso de mera corrupción policial. Después de todo, si detrás de esto solo hubo policías, ¿por qué estos se comunican con tanta frecuencia con miembros del oficialismo?
Tampoco queda claro por qué el ex asesor presidencial Adrián Villafuerte y el ex director general de la Policía Nacional general (r) Raúl Salazar –que han negado desde un inicio estar vinculados con este caso– se comunicaron telefónicamente 485 veces en el 2012 (período en el que se dispuso el ilegal resguardo), a pesar de haber declarado a la comisión y la justicia que nunca habrían coordinado entre ellos a raíz de este tema.
Con más preguntas que nunca, una sola cosa se mantiene clara: parece que este verano, al menos en lo que toca al Congreso, el Caso López Meneses dormirá el sueño de los justos.
