Editorial: Violación en Venezuela

En febrero de este año, el líder opositor venezolano Leopoldo López fue apresado por el régimen chavista, acusado –sin ningún fundamento– de haber cometido en las protestas iniciadas ese mes instigación pública, incendio, daños a la propiedad y de asociarse para delinquir. En medio del oscuro horizonte que parece esperarle bajo la custodia de un gobierno autoritario, se ha hecho pública una resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU en la que no solo se manifiesta rechazo ante su detención, sino que también se recomienda su inmediata liberación. 

Es cierto que, más que presentar nueva información, la resolución confirma lo que ya sabíamos: el proceso de Leopoldo López es injusto y arbitrario. No por eso, sin embargo, se trata de una declaración menos necesaria. Recordemos que, aunque ya van ocho meses desde su detención, los países de la región (incluido el nuestro)parecen estar más cómodos que nunca cerrando los ojos frente a lo que está pasando en Venezuela; tanto es así que hace unos meses votaron unánimemente por que el país controlado por el chavismo sea parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta comodidad parece compartirla incluso la OEA: en junio pasado, su secretario general, José Miguel Insulza, refiriéndose al encarcelamiento de López, aseguró que no podían intervenir porque su papel “en materia judicial, de defensa de los derechos humanos, viene después de que se han agotado los recursos internos”.

Así, el que la resolución de la ONU retrate, precisamente, cómo los “recursos internos” venezolanos violan por sí mismos los derechos humanos es un enorme aporte a favor de la justicia. Efectivamente, en la resolución se da cuenta de cómo, una vez detenido, López fue conducido a una prisión militar y luego se le formularon nuevos cargos, negándosele a sus abogados el pedido de aplazar la audiencia para así tener tiempo de estudiar las acusaciones. Y se critica también cómo López ha sufrido de aislamiento en una detención que ha durado varios meses y en la que se le ha negado libertad provisional. A esto se le suma la censura a las comunicaciones con sus abogados. La resolución, en resumen, asegura que se han afectado los derechos a la presunción de inocencia, a un juicio justo e imparcial y al debido proceso. Agrega además que el gobierno no precisó en qué medida el discurso de López pudo haber causado los daños de los que se le acusa ni tampoco a qué grupo ilegal se refiere el gobierno cuando lo acusa de asociación ilícita.

A las irregularidades denunciadas por la ONU podríamos sumarles muchas más. Por ejemplo, que se le haya negado a la defensa, de forma arbitraria, la presentación de pruebas. O, peor aun, que el resultado parezca estar ya decidido hace mucho: allí donde el chavismo ha cambiado hace años las leyes para permitirse copar el Tribunal Supremo y donde el país ocupa, según el Reporte Global de Competitividad, el último lugar en independencia judicial, no se puede leer de otra forma que el presidente Nicolás Maduro haya asegurado que López “es responsable de crímenes y tiene que pagar ante la justicia, así de sencillo”.

Ahora bien, lo que está en juego en el caso de Leopoldo López es mucho más que la declaración de su inocencia. López es quizá la más visible pero no la única víctima del régimen venezolano. A María Corina Machado, por ejemplo, se le arrebató su escaño en el Parlamento y se le acusó disparatadamente de tener un plan para asesinar a Maduro. Y, por supuesto, la represión que los ciudadanos de a pie sufren por ejercer su derecho a protestar en contra del oficialismo es enorme: un informe de Amnistía Internacional publicado este año denunció que, durante las manifestaciones iniciadas en febrero, se produjeron detenciones sin orden judicial, casos en los que no se informó a los detenidos ni a sus abogados por qué habían sido arrestados y acusaciones serias de tortura. A todo esto se le suma el sistemático estrangulamiento a la prensa libre.

El señor Nicolás Maduro y el resto del oficialismo vienen probando que no tienen ningún empacho en violentar los derechos humanos de los venezolanos. Esperemos que, así como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU abrió los ojos con el caso de Venezuela, lo mismo puedan hacer sus vecinos de América Latina.