Editorial: La vuelta al rumbo en 60 días

En un intento por desactivar la situación de zozobra que se vive en el Valle de Tambo hace casi dos meses y salvar al mismo tiempo el proyecto Tía María, Southern Perú ha propuesto declarar esa inversión minera en ‘pausa’ por 60 días.

El viernes pasado, poco después del discurso del presidente Ollanta Humala sobre el tema, la referida empresa divulgó efectivamente un pronunciamiento firmado por su presidente ejecutivo, Óscar González Rocha, en el que expresaba: “Hemos escuchado al Gobierno Nacional a través del presidente de la República y, en el espíritu de recobrar el clima de convivencia pacífica que el país requiere, le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días”.

El texto agregaba también que el paréntesis buscaba permitir “a todos presentar sus inquietudes y temores, identificar las soluciones, convenir el camino y definir las responsabilidades que cada uno debe asumir en un plazo razonable”. La medida, evidentemente, había sido convenida de manera previa con el gobierno.

Así las cosas, es legítimo asumir que lo planteado por la empresa representa en realidad una estrategia conjunta para superar el entrampamiento en el que la inversión en cuestión se encuentra, por lo que cualquier observación sobre la misma debe alcanzar a ambos. ¿Cómo quedan entonces empresa y gobierno tras las aseveraciones de que el proyecto necesita ser ‘socializado’, de que las dudas e inquietudes de la población requieren todavía ser despejadas, y las soluciones identificadas? Y, sobre todo, ¿cuán riesgoso es también para ambos haberse comprometido a estar listos para echar andar nuevamente los trabajos en solo dos meses?

Pues, para empezar, el argumento de la ‘socialización’ es particularmente resbaladizo. No solo porque su sentido no es claro y, en consecuencia, difícil de medir, sino también porque tiende a validar el criterio de la ‘licencia social’, cuya supuesta ausencia han venido usando los manifestantes para justificar sus actividades violentas –denominadas precisamente ‘protesta social’– contra un proyecto que, según el propio presidente, “cumple con todos los requisitos exigidos por ley”. ¿Tenían razón entonces los antimineros al reclamar el cumplimiento de uno más que no estaba escrito en ningún lugar ni había sido convenido de antemano?

Con respecto a las dudas a ser despejadas, por otro lado, ¿no se suponía que eso es justamente lo que ya se había hecho hasta el cansancio tras el levantamiento de las observaciones al primer estudio de impacto ambiental (EIA)? Y si las cosas no habían sido así, ¿había que esperar a llegar a este punto, con las pérdidas materiales y humanas involucradas durante el paro, para admitir que la labor persuasiva estaba incompleta?

Si había entre los manifestantes algo más que lo que el director de Relaciones Institucionales de Southern, Julio Morriberón, llamó “terrorismo antiminero” y el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, “delincuentes disfrazados de antimineros”, ¿no correspondía agotar las labores de convencimiento con ellos antes de permitir el exacerbamiento de la situación? ¿O la tarea que ahora se propone es ablandar a agitadores hasta hacer de ellos conversos que creen en las virtudes de las actividades extractivas?

La más riesgosa de las apuestas de la empresa y su tácita contraparte en el Ejecutivo, sin embargo, es la del plazo que se han impuesto para darle vuelta al rumbo de las cosas: 60 días, un intervalo de tiempo no lo suficientemente largo como para extenuar las energías y el financiamiento de quienes se oponen al proyecto profesionalmente y como un mecanismo de acumulación de fuerzas para el proceso electoral del próximo año.

¿Qué pasará si llegado el día sexagésimo la crispación continúa? ¿Propondrán empresa y gobierno extender el plazo por 60 días más en implícita admisión de que esta vez tampoco se hizo todo lo que hacía falta para sacar la inversión adelante y, en el fondo, de que el proyecto ha sido definitivamente derrotado?

Hacemos, por supuesto, votos por que semejante cosa no ocurra, pero nos preguntamos si en un afán de mostrarse en forma, el corsé elegido por ambos no ha sido demasiado estrecho.