No se oye

El escándalo desatado esta semana por la divulgación de los chats entre el exasesor de la fiscal de la Nación Jaime Villanueva y un miembro de la representación nacional todavía no identificado ha salpicado la pechera de autoridades ubicadas en prácticamente todos los niveles del Estado. Empezando por el propio Ministerio Público, pasando por la Defensoría del Pueblo y llegando hasta el Ejecutivo. La situación de los parlamentarios presuntamente involucrados en el canje de votos en asuntos que eran de interés para Patricia Benavides por el archivamiento de las carpetas fiscales que tenían abiertas es, sin embargo, una de las más delicadas. Y, a pesar de ello, hasta el momento de escribir estas líneas, se guardaba en el Legislativo un elocuente silencio al respecto.

Once son los congresistas aludidos en los mensajes o que probadamente sostuvieron reuniones con Villanueva u otro de los adláteres de la fiscal de la Nación en fechas previas a las votaciones sobre las materias que resultaban medulares para ella. A saber, la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo y el informe sobre el proceso sumario a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (que solo llegó a ser votado en la comisión correspondiente). Esos legisladores son Patricia Chirinos (Avanza País), Waldemar Cerrón (Perú Libre), César Revilla (Fuerza Popular), José Luna Gálvez (Podemos Perú), Luis Aragón Carreño (Acción Popular), Edwin Martínez e Ilich López (ahora no agrupados, pero elegidos originalmente en las listas de Acción Popular), María Cordero Jon Tay (no agrupada, pero elegida por Fuerza Popular), Lady Camones (Alianza para el Progreso), Gladys Echaíz (Renovación Popular) y José María Balcázar (Perú Bicentenario).

Como se ve, hablamos de una muestra transversal de las bancadas presentes en el hemiciclo. Y no se descarta que la lista pueda ampliarse en los próximos días, pues se sabe también de la existencia de varios audios de Villanueva todavía no divulgados y potencialmente reveladores de detalles de la supuesta negociación que le ha servido a la fiscal Marita Barreto para la construcción de su hipótesis sobre el funcionamiento de una organización criminal dentro del Ministerio Público, encabezada por Patricia Benavides.

Es verdad que no todos los parlamentarios aludidos tenían una investigación abierta en la fiscalía, pero es claro al mismo tiempo que una investigación seria del caso debería comprender a los 11, sin excepciones. Llama especialmente la atención la situación de Patricia Chirinos, enérgica alentadora de algunas de las iniciativas referidas en los mensajes y expresamente mencionada en ellos como la responsable de conseguir los votos del Bloque Magisterial, así como la de Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso (aparentemente, el “Vlady” al que se señala en los chats como parte del plan en marcha).

Nadie puede ni debe, por supuesto, saltar a conclusiones mientras la teoría de la fiscal Barreto no sea probada. Pero para ello se requiere iniciar las investigaciones antedichas y, por el momento, no hay asomo de ello. Ni la Mesa Directiva (a la que Cerrón pertenece) ni la Comisión de Ética (presidida por Diego Bazán, compañero de bancada de Patricia Chirinos) han sentido hasta ahora la necesidad de tomar cartas en el asunto, en una enésima encarnación de aquello que se suele glosar con la expresión popular: “no se oye, padre”. Es cierto que varios de los implicados en el escándalo, como las congresistas Camones y Chirinos, han negado su participación en ilícitos. Pero eso es algo que siempre ocurre cada vez que un personaje público termina siendo señalado en un caso como este y que no tiene un impacto más allá del gesto.

Por último, los pronunciamientos emitidos en los últimos días por Perú Libre y Fuerza Popular son papel mojado. Condenas y exigencias de renuncias que no vuelven los ojos sobre la dimensión del problema que toca a sus propias bancadas y, en esa medida, reproducen a nivel partidario el mutismo que se ha apoderado de aquellas en el Legislativo. Una vergüenza que ya no sorprende, pero que, tal como van las cosas, no podrá extenderse en este caso por mucho tiempo más.