Editorial: El coronel tiene quien lo persiga

La situación atípica que vive el país ha motivado, con razón, que el Congreso suspenda su tradicional receso parlamentario de fin de año para continuar con sus labores, por lo menos, hasta mediados de enero. Dentro de esta prórroga –y a pesar de no formar parte del paquete de pendientes que motivó la extensión de la legislatura–, cabe la posibilidad de que se debata la moción presentada por legisladores del Apra y de Fuerza Popular (FP) para interpelar al ministro del Interior, Carlos Morán, por “la interceptación ilegal de las comunicaciones […] al ex presidente de la República Alan García Pérez”.

La gestión de Morán, como se recuerda, se ha visto cuestionada por el descubrimiento a inicios de mes de un vehículo policial en los alrededores de la casa del ex presidente. Y aun cuando la tesis del ‘chuponeo’ denunciada por los apristas parezca tener más de fabulación que de realidad, es innegable que existe una serie de hechos –como la sustracción de una laptop que se encontraba en el vehículo policial o el falso cartel de prensa que portaba la camioneta– que deben ser aclarados. Para ello, precisamente, existe la herramienta de la interpelación.

Esto último, sin embargo, no explica por qué dentro de las preguntas contenidas en el pliego interpelatorio se han incluido tres relacionadas directamente con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y con su director, el coronel Julio Harvey Colchado. Toda vez que, como se sabe, los agentes ubicados en los exteriores de la casa de García no pertenecían a la Diviac, sino más bien a la Dirección de Inteligencia (Dirin).

Consultado por esta situación, uno de los firmantes de la moción, el vocero de Fuerza Popular Carlos Tubino, ha explicado que buscan ‘hacer notar’ que Colchado “se ha contaminado políticamente” y que la división que preside “ha terminado haciendo persecución a partidos políticos”. Un argumento bastante similar al sostenido por el propio Tubino el pasado 6 de diciembre, durante la sesión de las comisiones de Defensa e Inteligencia del Congreso. “Qué cosa tengo derecho de sospechar –dijo en aquella ocasión–, que el Diviac es la policía política que se está utilizando hoy contra los políticos en el Perú”, para luego pedir que sea “relevado de su puesto” por “hablar contra la lideresa de Fuerza Popular”.

En la misma sesión, otro congresista, el aprista Jorge del Castillo, emplazó al ministro del Interior a “relevar” al funcionario, y amenazó, además, con hacer “cuestión de estado si el coronel Colchado sigue en ese cargo”.

A primera vista, la inquina que parecen tener estos legisladores contra el coronel parecería no trascender lo anecdótico.

Sin embargo, una lectura más a fondo quizá permita entender que la ojeriza que FP y el Apra tienen contra el efectivo policial no es casual. Efectivamente, bajo la jefatura de Colchado, la Diviac ha venido participando en investigaciones claves, como la de Los Cuellos Blancos del Puerto o las que se siguen contra ambos partidos políticos, y sus líderes, por lavado de activos. De hecho, el propio Colchado sustentó en un informe que los partidos sí pueden ser infiltrados por organizaciones criminales, algo que fujimoristas y apristas han venido negando categóricamente. El coronel, pues, se ha vuelto un personaje incómodo para un sector del Parlamento, y ahora los cañones de la interpelación parecen tenerlo como objetivo ulterior.

Ello sin importar que Colchado ha registrado una trayectoria destacable, participando, por ejemplo, en la captura del terrorista ‘Artemio’ y en la desarticulación de decenas de mafias, incluidas algunas infiltradas por policías. En estos días, además, su equipo viene llevando a cabo las detenciones del caso de Los Temerarios del Crimen, una red acusada de corrupción y tráfico de influencias, y que estaría integrada por altos funcionarios, como congresistas, alcaldes e incluso dos hermanos del legislador de FP Héctor Becerril. En general, una labor cuyos resultados prestigian a una institución tan mellada como la policial, y que debería seguir sin interferencias políticas.

Así las cosas, harían bien los congresistas en recordar que, si llega el momento de interpelar al ministro Morán, ellos, a ojos de la ciudadanía, también serán interpelados.