Cristina Kirchner niega haber recibido sobornos y denuncia "persecución". (Foto: AFP)
Cristina Kirchner niega haber recibido sobornos y denuncia "persecución". (Foto: AFP)
Editorial El Comercio

Esta semana, la ex presidenta de Argentina se presentó ante el juez Claudio Bonadio en el marco de la última investigación que la justicia le ha abierto por presuntos actos de cometidos durante su mandato y el de su esposo, el hoy fallecido Néstor Kirchner. Además de recusar al juez y al fiscal Carlos Stornelli, Fernández acusó al gobierno de Mauricio Macri y a los “medios de comunicación hegemónicos” de estar detrás de la “persecución judicial” que afirma padecer desde que abandonó la Casa Rosada, en diciembre del 2015.

“En un novedoso y aceitado engranaje mediático-judicial se recurre ahora a la estigmatización, al juzgamiento de los medios y a la confirmación en sede judicial con un resultado: la eliminación política”, escribió la ex mandataria en el documento que remitió al juez Bonadio.

Como se sabe, Fernández se encuentra nuevamente en las portadas de los medios argentinos luego de que se revelara la existencia de unas libretas en cuyas páginas se hallan estampados vestigios de posibles sobornos de la era kirchnerista. ‘Los cuadernos de las coimas’ es el nombre con el que la prensa de dicho país ha bautizado las ocho agendas en las que el chofer de un alto funcionario kirchnerista (Roberto Baratta, segundo del ministro de Planificación Julio de Vido) anotó nombres, montos, direcciones, lugares y fechas de supuestas coimas que el régimen cobró para beneficiar a un grupo de empresarios.

A pesar de que Fernández ha minimizado la gravedad del caso, distintos ejecutivos acogidos a la colaboración eficaz han comenzado a reconocer el esquema criminal, entre ellos el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y el empresario del Grupo Emepa Gabriel Romero. Sin embargo, esta es apenas una de las seis causas judiciales que tiene a la ex presidenta en la órbita de la justicia.

Fernández de Kirchner se encuentra actualmente investigada por los casos de dólar futuro (la venta de dólares subvaluados del Banco Central Federal a grandes corporaciones que le costó al Estado un perjuicio de US$3.800 millones), Hotesur (lavado de activos), Los Sauces (asociación ilícita), Obra Pública (beneficios al hoy preso empresario Lázaro Báez con 52 contratos para proyectos de infraestructura) y el encubrimiento de los autores del atentado a la mutual judía AMIA en 1994 (el fiscal a cargo de este caso, Alberto Nisman, apareció muerto un día antes de presentar sus hallazgos ante el Parlamento).

La versión de que todo lo anterior no es más que una persecución con motivaciones políticas contra Fernández, en realidad, no luce tan verosímil… ni tampoco novedosa, pues de un tiempo a esta parte parece haberse convertido en el libreto favorito de varios ex jefes de Estado que, una vez destapados de la protección presidencial, han empezado a inquietarse ante el escrutamiento de la justicia.

Esa ha sido la línea argumentativa que, por ejemplo, ha trazado el hoy preso ex presidente de Brasil . En una columna publicada en “The New York Times” esta semana, Lula, quien ha sido sentenciado por dos tribunales en dos instancias por delitos de corrupción y lavado de activos, afirmó que su reclusión en la cárcel constituye “la fase más reciente de un golpe de Estado”. Y acusó una intención política de la “extrema derecha” para “dejarme fuera de la contienda electoral”.

Blandiendo el mismo alegato, el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa ha sentenciado que la orden de arresto en su contra por el secuestro del opositor Fernando Balda en el 2012 no tiene otra intención que descalificarlo políticamente para evitar que vuelva a la presidencia. Y cómo no mencionar el caso del venezolano Nicolás Maduro, quien ha denunciado incontables veces ser víctima de una “persecución” –incluso ha llegado a afirmar que esta es de alcance “mundial”– digitada desde Estados Unidos para desestabilizar un régimen que, a decir verdad, parece trastabillar por méritos propios.

Todos los mencionados, además, han advertido que sus embrollos judiciales serían piezas de una estrategia mucho mayor que intenta borrar el legado que sus administraciones dejaron para los pueblos de América. La propia Cristina Fernández ha alertado que su grueso expediente constituye “una auténtica novela sudamericana del tiempo que vivimos”. La justicia será la que determine si no cabría hablar más bien, por citar el título de la novela del escritor mexicano Jorge Volpi, de una auténtica “novela criminal”.