Última instancia

Esta semana, la Fiscalía de la Nación solicitó a la Corte Suprema que anule la inscripción de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (mejor conocida por sus iniciales: Antauro). Esto, atendiendo al artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que estipula que, a pedido del fiscal de la Nación o del defensor del Pueblo, el Poder Judicial puede declarar ilegal un partido político por “conducta antidemocrática”. Además de la cancelación de su registro, el Ministerio Público solicita también que se clausuren todos los locales de la agrupación, que se inhabilite a sus dirigentes y que se cierren los caminos para que pueda tentar a una reinscripción en el futuro.

Como ha informado este Diario, la solicitud de la fiscalía se basa en el comportamiento que ha mostrado la agrupación hasta ahora: uno que reniega de los principios democráticos más elementales, que desconoce las libertades y los derechos fundamentales de las personas, y que propone desde ejecutar a expresidentes hasta perseguir a migrantes y miembros de las minorías sexuales en el país. Una conducta, en fin, que no tiene cabida en una democracia.

El proceso que se inicia ahora será histórico. Tal y como han resaltado varios especialistas, se trata de la primera vez en la historia –recordemos que el artículo invocado por el fiscal de la Nación para fundar su solicitud pertenece a una ley del 2003– en la que nuestro sistema judicial examinará si una organización política en el Perú debe ser cancelada por sus postulados o los de sus dirigentes. Otros países, en cambio, llevan tiempo realizando esta criba, como ocurre en Alemania con las agrupaciones legatarias del nazismo (con el que el etnocacerismo de Antauro Humala comparte muchas similitudes) o en España con aquellas vinculadas al terrorismo vasco. Por lo que, de alguna u otra manera, se puede decir que el Poder Judicial tiene entre sus manos un proceso genuinamente histórico.

Sin embargo, que se haya llegado hasta este punto en el caso de Antauro Humala es consecuencia de una serie de fallos en el sistema peruano que no podemos ignorar. O, dicho de otra manera, si la fiscalía ha tenido que recurrir a esta medida ha sido solo porque varias instituciones fallaron previamente en ponerle cortapisas a las intenciones electorales de un personaje que, en el pasado, se alzó en armas contra un régimen democrático, asesinó a cuatro policías y, en lugar de exhibir algo de arrepentimiento, no ha hecho más que regodearse de sus crímenes.

El primer error estuvo en el sistema penitenciario. No olvidemos que Humala salió de prisión antes de lo que le correspondía porque el INPE le redujo la pena sobre la base de una serie de supuestos trabajos en prisión que el exreo negó haber realizado y pese a que diversos analistas advirtieron que dichos beneficios no procedían para condenados por delitos de la naturaleza de los cometidos por él.

El segundo error estuvo en el Jurado Nacional de Elecciones y, especialmente, en su presidente, Jorge Luis Salas Arenas, que permitió la inscripción del partido Antauro en diciembre del año pasado sobre la base de un formalismo: que no podía vincularse a Humala con la agrupación y que esta no exhibía en su ideario “declaraciones antidemocráticas”. Un razonamiento ingenuo y que significaba una afrenta contra el sentido común de los peruanos, pues, por un lado, la conexión entre el expresidiario y el grupo es bastante obvia (basta con ver el acrónimo que forman sus iniciales) y, por el otro, su presidente, Marco Vizcarra, fue nada menos que uno de los sentenciados a prisión por el ‘andahuaylazo’.

Finalmente, un tercer error que no puede dejar de mencionarse estuvo en el Congreso, que no aprobó la reforma constitucional para que sentenciados por delitos graves puedan postular a la presidencia incluso aunque hayan cumplido su pena por mero cálculo político del fujimorismo (que temió que ese cuchillo terminara cortando también las aspiraciones de su líder histórico Alberto Fujimori).

Solo cabe esperar que la Corte Suprema actúe de manera diferente a estas instituciones, con la celeridad que el tema demanda y consciente de la obligación histórica que tiene entre manos.