Desconfianza e inseguridad

En democracia, la opinión pública no es lo único que importa ni es la ruta exclusiva de acción, pero se le parece bastante. Cualquier gobierno que aspire a ser efectivo requiere la legitimidad que les otorga el respaldo ciudadano a sus integrantes y a sus políticas. Por eso, desde hoy, El Comercio retoma la publicación de encuestas de representatividad nacional, esta vez de la mano de la empresa Datum Internacional.

Uno de los datos más impactantes del sondeo se obtiene respecto de la seguridad ciudadana. Apenas uno de cada ocho ciudadanos aprueba la labor de la mandataria en la lucha contra la inseguridad. La percepción de desmanejo en este campo es generalizada y, lo peor, creciente. El 78% opina que el Ejecutivo no tiene una estrategia para garantizar la seguridad en el país, 11 puntos porcentuales más que octubre.

Así, mientras que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, declaraba en estas páginas a finales de octubre que era muy pronto para hablar del fracaso del estado de emergencia, para la gran mayoría de la población los resultados de la principal medida en materia de seguridad del gobierno son claros. Apenas uno de cada 20 encuestados piensa que la delincuencia se viene reduciendo después de la declaración del estado de emergencia en algunos distritos de Lima y provincias. Al mismo tiempo, más de la mitad tiene poca esperanza en que los incrementos en las penas de cárcel por el robo de celulares generen alguna mejora. Si las medidas de reactivación económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no han despertado mayor entusiasmo, las propuestas del Ministerio del Interior han sido recibidas con puro escepticismo.

El resultado era previsible . Un asunto tan complejo como la inseguridad ciudadana –más aún ahora con la penetración de violentas bandas internacionales asentadas en varias regiones del país y que controlan numerosos distritos de la capital– no puede resolverse con medidas simplistas como aumentar condenas o suspender garantías constitucionales en partes del territorio nacional. La población lo sabe. Los criminales también. El único que parece no haberse dado por enterado es el gobierno.

Las apabullantes cifras de la encuesta no son gratuitas, ni apenas asunto de percepción, como descartó en algún momento otro ministro del Interior. Según la Policía Nacional, hay un asesinato por día en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y otros distritos declarados en emergencia. Tales estadísticas deberían ser más que suficientes para replantear el curso de acción. Sin embargo, el Gobierno está tardando mucho más de la cuenta en entender la magnitud del problema y reaccionar proporcionalmente.

Como en otros aspectos, el verdadero problema es que las iniciativas para las que sí hay evidencia de efectividad (inversión fuerte en inteligencia policial, sistema de justicia con especialización adecuada, coordinación estrecha entre fuerzas de seguridad nacionales y municipales, etc.) requieren capacidades de gestión que parecen sobrepasar, de largo, las habilidades ejecutivas y políticas de la actual administración.

La gran mayoría de la población, queda demostrado, ya es plenamente consciente de ello.