Aunque muchos ciudadanos no estén familiarizados o hayan siquiera escuchado hablar del Consejo Fiscal (CF), el rol que este cumple en la supervisión de nuestras finanzas es saludable. Creado hace una década, el CF funciona como una comisión técnica y autónoma que emite opiniones no vinculantes sobre el seguimiento de las políticas fiscales, su consistencia con el ciclo económico y su sostenibilidad, y que son divulgadas a través de informes que les sirven a las calificadoras de riesgo y a los analistas económicos para conocer si las cuentas públicas del país se están manejando de manera responsable y coherente.
A la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, sin embargo, las observaciones que ha hecho el CF sobre una de sus más recientes decisiones no le han gustado en absoluto y ha optado por criticar de manera destemplada a la entidad y en especial a su presidente, el exministro de Economía Carlos Oliva.
La génesis de este desencuentro se halla en la publicación, a finales de noviembre, del Decreto de Urgencia 039-2023, que autorizó un adelanto del pago de utilidades del Banco de la Nación al Tesoro Público por S/1.000 millones; un desembolso que debía realizarse recién en el 2024. Entrevistado por “Gestión” unos días después, el ministro justificó esta medida en la necesidad de cumplir la regla fiscal. “He sido estricto en decir que vamos a cumplir el 2,4% (del PBI como déficit fiscal) y cuando veamos algún desvío, vamos a tomar las medidas”, acotó.
El anuncio fue cuestionado por el titular del CF en entrevista con “Semana económica” la semana pasada, quien añadió que medidas como esta afectan la imagen del MEF. Para el ministro Contreras, la crítica de Oliva fue demasiado lejos; lo acusó de brindar “aseveraciones tan ligeras”, de mantener una “actitud política” y anunció que cursaría una carta al CF “solicitando las explicaciones pertinentes”. “Así como se exige prudencia a un ministro de Economía al momento de hablar, los ciudadanos tenemos derecho a pedir prudencia al presidente del Consejo Fiscal cuando se refiere a temas importantes que pueden afectar la credibilidad del país”, puntualizó.
Pero lo criticable en todo este episodio ha sido más bien la reacción del integrante del Gabinete, tanto en la forma como en el fondo. Respecto de la forma, porque, como se ha dicho líneas atrás, el CF emite opiniones no vinculantes que pueden ser ciertamente escuchadas o no por las autoridades, pero que de ninguna manera deben ser ninguneadas ni, como ocurre en este caso, sugerir que detrás de ellas se esconden intereses subalternos. No está mal que el CF le llame la atención al MEF cuando considere que es necesario; de hecho, es su deber y lo que precisamente se necesita en un país en el que tantas veces el compromiso de las autoridades (de todo tipo) con las políticas fiscales deja mucho que desear. Si el CF no puede llamarle la atención al MEF o va a callarse por miedo a incordiar a su titular, entonces no tiene sentido que siga operando.
El problema para el ministro Contreras, además, es que en este asunto en particular no es solo el CF (que ayer respaldó los dichos de Oliva en un comunicado), sino también varios especialistas los que han cuestionado la decisión de adelantar el pago por las utilidades del Banco de la Nación y lo han calificado como una maniobra de maquillaje para forzar el cumplimiento de la regla fiscal, que, además, se estaría llevando a cabo de manera irregular, pues debería haberse ordenado mediante una ley y no a través de un decreto de urgencia. Como ha mencionado el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, se trata de “desvestir a un santo para vestir a otro”, de cumplir por cumplir su tarea –como un mal alumno– y no por una vocación genuina de respetar el espíritu de la norma.
Así pues, haría bien el ministro Contreras en ser un poco más receptivo a los consejos que puedan hacerle llegar y a no tomarlos a la defensiva. La situación del país ya es demasiado preocupante como para tener autoridades que no escuchen ningún tipo de recomendación o crítica.