Divididos e investigados

En las elecciones del 2021, Perú Libre hizo campaña con el lema: “No más pobres en un país rico”, casi un grito de guerra que prometía una gestión justiciera contra quienes pudieran haberse enriquecido de manera ilegítima en gobiernos anteriores. Y en esa medida, además, una promesa implícita de probidad en el eventual ejercicio del poder, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Como se sabe, el partido encabezado por el hoy prófugo Vladimir Cerrón ganó finalmente esos comicios, colocando en la presidencia de la República al ahora encarcelado Pedro Castillo y una bancada de 37 representantes en el Parlamento.

Cualquiera que hubiese prestado atención en ese entonces a las sombras que se cernían sobre el ex gobernador regional de Junín y líder de la organización política en cuestión (sobre el que ya pesaba una condena judicial, que le impidió postular en aquella ocasión a una vicepresidencia) no tendría que sorprenderse mucho con lo ocurrido luego, pero hace tres años buena parte de la ciudadanía prefirió mirar para otro lado y ahora las consecuencias son evidentes.

Sobre las denuncias por corrupción y golpismo que comprometen a Castillo y varios de sus ministros, no hace falta abundar. Lo que hasta el momento no había sido ponderado, en cambio, es lo que sucedió con los congresistas elegidos bajo ese mismo signo político. Un informe publicado ayer por este Diario, sin embargo, da noticia de una situación crítica también en ese frente. Los 37 representantes que integraban en origen la bancada oficialista se encuentran repartidos hoy en cinco distintas conformaciones parlamentarias (Bloque Magisterial, Bancada Socialista, JP-Voces del Pueblo y Podemos Perú, además de Perú Libre) y 19 de ellos –es decir, más de la mitad– bajo la lupa del Ministerio Público por presuntos delitos que van desde la concusión y el peculado, hasta la ruptura del orden constitucional y la afiliación al terrorismo.

Todos gozan, por supuesto, del beneficio de la presunción de inocencia hasta que sus casos no sean resueltos de manera positiva o adversa para ellos en la fiscalía o el Poder Judicial, pero en más de una circunstancia los elementos presentados por la parte acusadora son abrumadores. Lo importante aquí es reflexionar sobre la lección que esto nos deja acerca de quienes, a partir de una determinada procedencia ideológica o social, se postulan como poseedores de una superioridad moral durante los procesos electorales y la forma en que luego los hechos los desmienten. Y que la ciudadanía esté atenta a no dejarse embaucar, pues con toda seguridad en el 2026 veremos a otros grupos enarbolando el mismo discurso.