Editorial: Desprotegidos

Hace unos días se hizo pública la sentencia dictada el pasado 8 de abril por la jueza del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Piura, Judith Cueva Calle, en contra del periodista Pedro Salinas –un año de prisión suspendida y el pago de una reparación civil de S/80 mil, entre otras disposiciones–, por difamación agravada en contra de José Antonio Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes y miembro del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC).

Dicho delito se habría configurado en algunas declaraciones hechas por Salinas en artículos y entrevistas en medios de prensa en los que atribuía al señor Eguren dos hechos: ser uno de los responsables, junto con otros clérigos, del sistema de abusos que operó dentro del SVC, tal y como se ha ido conociendo a lo largo de los años por distintas denuncias de ex integrantes del grupo religioso y por un libro del propio Salinas (“Mitad monjes, mitad soldados”), y estar involucrado en una trama de tráfico de terrenos en Piura, basándose en un reportaje de la cadena de noticias Al Yazira y en el libro “El origen de la hidra” del periodista Charlie Becerra.

Según la magistrada, Salinas se ha referido al señor Eguren con “adjetivos que dañan o menoscaban el honor o la buena reputación” de este. E indica también que el comunicador exhibió un “ánimo doloso” al hacerlo a través de medios de prensa.

Como en todo delito contra el honor, lo que está en juego aquí es una pugna entre, por un lado, el derecho al buen nombre de un ciudadano y, por el otro, el derecho a la libertad de expresión. Ambos, ciertamente, reconocidos por el ordenamiento jurídico peruano. Sorprende por ello la precaria motivación de la jueza al momento de sustentar el sentido de su fallo.

En efecto, en su sentencia la magistrada hace una enumeración de los calificativos vertidos por Salinas en algunos medios, a los que suma los alegatos de la defensa del prelado para, seguidamente, concluir que hubo difamación. Lo hace, sin embargo, sin responder nunca la pregunta de fondo: ¿Cómo así lo dicho por el periodista termina siendo en sí punible? O, dicho de otro modo, ¿en qué momento los juicios de valor, por más ácidos que sean, dejan de ser lícitos en el Perú? Dudas válidas para, por ejemplo, comprender qué deberían hacer todos los que en el futuro se refieran a Eguren –una personalidad pública, dicho sea de paso– con adjetivos similares a los de Salinas o aludiendo a los reportajes que el periodista usó sin cometer difamación.

Preocupa, asimismo, que la jueza sostenga que las declaraciones de Salinas sobre el arzobispo en cuanto al rol que este tuvo en los abusos dentro del SVC y en la denuncia de tráfico de terrenos sean “simples rumores o meras invenciones”, amparándose en que, o bien no hubo denuncia contra el religioso en el Ministerio Público (en el segundo caso) o, si la hubo, esta fue archivada en dos instancias (en el primero). Así como al hecho de que en los dos informes de las comisiones investigadoras sobre el SVC tampoco se ha mencionado expresamente a Eguren. Y decimos que preocupa porque el hecho de que el señor Eguren haya sido librado de cualquier carga penal, no lo exime de otros juicios o valoraciones que se puedan hacer de él en base a algunos hechos que lo rodean, como hace Salinas.

El fallo también deja algunas preguntas sin responder. ¿Por qué Salinas ha resultado culpable si sus afirmaciones están sustentadas en reportajes o denuncias anteriores –es decir, un reporte fiel–? ¿Acaso es ilícito que él haya realizado inferencias lógicas o añadiera conclusiones propias de esos dichos? No nos lo dicen.

La libertad de expresión, en fin, no es un derecho exclusivo de quienes nos dedicamos al periodismo. Es, además, una condición de la que se benefician también todos los ciudadanos que pueden acceder a una mayor cantidad de información (incluyendo, por supuesto, las opiniones). Una reflexión necesaria en días en los que la libertad de expresión ha sufrido otro duro golpe con las medidas dictadas desde un juzgado en contra de dos periodistas por el Caso ‘Eteco’. Fallos, ambos, que no solo desprotegen a los periodistas, sino principalmente a todos los ciudadanos.