Editorial: Cambios riesgosos

Desde este espacio editorial hemos llamado la atención de manera constante respecto a la urgencia de reformar el sistema de pensiones. En este campo, sin duda, reestructurar la ONP y promover mayor competencia entre las AFP están entre los principales puntos de agenda.

La reciente propuesta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para convertir la desfinanciada ONP en una AFP estatal apunta a matar los dos pájaros de un tiro. Por un lado, con un esquema de capitalización individual en vez de uno de reparto (es decir, si cada afiliado tiene su cuenta personal a la que aporta regularmente y no a un pozo común que se reparte mes a mes entre los pensionistas), el desbalance financiero de la ONP eventualmente desaparecería. Vale recordar que hoy la ONP necesita transferencias del fisco para cumplir con sus obligaciones, y el envejecimiento poblacional solo empeorará la situación. Además, se resolvería la injusticia con los cientos de miles de afiliados a la ONP que no recibirán pensión alguna –a pesar de haber aportado– por no cumplir con la condición de 20 años mínimos de contribución.

Por otro lado, es claro que el sistema privado de pensiones podría usar nuevos y mejores mecanismos de competencia para seguir bajando sus comisiones y optimizando sus servicios. En ese sentido, una AFP pública –según dice la propuesta de la SBS, que no miran con malos ojos ni el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ni la Asociación de AFP (AAFP)– ayudaría a disciplinar el mercado con precios competitivos y dotaría de legitimidad al sistema previsional en general.

Que la ONP debe emprender una cirugía mayor –o en su defecto desaparecer– es claro para cualquiera que haya revisado su situación. Basta con decir que el propio presidente de la ONP, Alejandro Arrieta, propuso lo mismo que la SBS el año pasado. El refrescamiento del sistema de AFP también es fundamental en vista de su baja aprobación popular. Pero, aun así, no es obvio que la mejor solución sea el establecimiento de una AFP pública.

Aunque dentro de las opciones políticamente viables la propuesta de la SBS es atractiva, esta no deja de tener serios problemas. Primero, porque se trata de un reconocimiento implícito de que la SBS no sería capaz de generar suficiente competencia en el sector privado –su principal razón de ser– sin necesidad de recurrir a una empresa pública que ingrese también al negocio. Con ese criterio, cualquier mercado de pocos jugadores –telefonía, banca, cemento, etc.–. podría “necesitar” también de una empresa estatal que lo discipline. Y el final de ese cuento es harto conocido.

Segundo, porque sería necesario hacer una atrevida pirueta de interpretación legal para encajar una AFP pública entre las empresas privadas sin vulnerar el artículo de la Constitución que establece el rol subsidiario del Estado en la economía.

Y tercero, porque –como se sabe–, en un contexto de empresas públicas compitiendo con privadas en un mercado regulado, se corre el riesgo de competencia desleal a favor de las primeras. Después de todo, las empresas estatales cuentan con el respaldo financiero de los contribuyentes y –no pocas veces– regulación que se acomoda a sus necesidades específicas. En un país de institucionalidad débil como el Perú, este riesgo es aun mayor.

Un mercado privado adecuadamente regulado por el sector público –como sucede en tantos otros sectores en los que la competencia puede ser insuficiente– suele ser una mejor alternativa que volver al Estado empresario. A falta de imaginación o de voluntad política suficiente para transitar por este camino, sin embargo, una alternativa que resuelve problemas importantes con riesgo a causar otros ha sido puesta sobre la mesa.