Editorial: Autonomía asistida

La presentación del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, ante el pleno del Congreso y la divulgación de un informe de la oficina de Gestión Social de su sector sobre el que se basó la resolución del Consejo Nacional de Minería que suspendió la licencia recientemente concedida al proyecto Tía María han terminado de trazar una secuencia de hechos que sugiere que la autonomía con la que, según el gobierno, habría actuado la referida instancia no fue tal.

Conocida la decisión, efectivamente, distintos voceros del Ejecutivo pretendieron atribuirle una naturaleza técnica e independiente. El 12 de agosto, por ejemplo, después de señalar que el Consejo Nacional de Minería es “un ente autónomo” y ante la pregunta de si estuvo enterado previamente de lo que estaba por ocurrir, el presidente Vizcarra afirmó: “En absoluto; yo he tomado conocimiento el día viernes, [en] que se ha hecho público”. E interrogado sobre una eventual injerencia suya en el tenor de la resolución, añadió: “No conozco a ninguno de los cinco miembros; no he conversado con ellos” (lo que, leído con atención, no califica realmente como respuesta).

Sus palabras, de cualquier forma, fueron el corolario de una antojadiza versión de los hechos de la que la administración aparentemente estaba intentando persuadir a la ciudadanía, pues en los días previos, el presidente del Consejo de Ministros y el titular de Energía y Minas habían tenido intervenciones del mismo corte.
Júzguese, sin embargo, la veracidad de esa tesis a la luz de la siguiente sucesión de acontecimientos.

El 19 de julio, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, interpone un recurso de revisión de la referida licencia ante la Dirección General de Minería del Minem, al que siguen otros recursos semejantes en los días posteriores.

Luego, el 24 de julio, en una conversación a puerta cerrada, cuyo contenido se hizo más tarde de dominio público gracias a un audio, el mandatario les dice a distintas autoridades regionales y locales de Arequipa opuestas al proyecto: “Yo mismo con los técnicos vamos a darle el soporte para hacer… O sea, porque la intención… Yo no estoy aquí para defender las bondades de la mina”.

Un discurso entrecortado pero claro en su intención que, además, luego redondea. “Veamos, justifiquemos –anota el jefe del Estado–. Nosotros, con el equipo, profesionales, todo, juntamos el sustento para retrotraer. Y ahí sí sería un tema definitivo, porque sería fuerte, porque hay argumentos”.

Al día siguiente, la Dirección General de Minería –dependiente en línea directa del despacho ministerial de Energía y Minas– concede los recursos de revisión de Cáceres, y el 7 de agosto, esta dirección los eleva al Consejo Nacional de Minería (la instancia supuestamente autónoma). Veinticuatro horas más tarde, este le pide, a través del memorándum 0212, un informe al respecto a la Oficina de Gestión Social del mismo ministerio (que depende del Viceministerio de Minas).

Ese mismo día, en un despliegue de eficiencia pasmoso en el sector público, la oficina emite el informe 0022019 en el que consigna observaciones más políticas que técnicas, que finalmente el consejo incorpora textualmente el 9 de agosto en el análisis que acompaña su resolución.

“Existe un alto riesgo de escalamiento de los paros, movilizaciones y las medidas de protesta que se vienen realizando en el departamento (sic) de Arequipa desde la segunda semana del mes de julio, a pesar de las medidas que el Estado viene realizando para asegurar el mantenimiento del orden interno”. Rezan, por ejemplo, ambos textos.

Y también: “Si bien, a la fecha no se han registrado víctimas mortales producto de las movilizaciones […], no se puede descartar que esta situación ocurra, pues ya han resultado heridos 33 efectivos policiales en los diferentes enfrentamientos”.

Como es obvio, con la resolución ‘autónoma’ quedó cumplido el ofrecimiento que nítidamente el presidente Vizcarra hizo a las autoridades arequipeñas sintonizadas con las protestas el 24 de julio. Y el sustento técnico que les promete surge, como por obra de magia, en un informe elaborado por una entidad que depende del Minem –la Oficina de Gestión Social– e inspira tanto al independiente Consejo Nacional de Minería, que este termina recogiendo su argumentación palabra por palabra… Y a lo largo de todo ese expeditivo proceso, ni el ministro del sector, ni el primer ministro ni el presidente influyen en lo que está pasando o siquiera se enteran de ello. Sin duda, una maravillosa sincronía.