Editorial: “Tengo que preparar el argumento”

Hace dos días, el Consejo Nacional de Minería –un tribunal administrativo adscrito al Ministerio de Energía y Minas (MEM)– resolvió suspender la licencia de construcción de la mina Tía María, en Arequipa, hasta que el mismo ente “emita un pronunciamiento […] respecto a los recursos de revisión presentados” contra el permiso.

Habida cuenta de que la propia empresa ya se había comprometido a no empezar la construcción de la mina hasta no lograr “en coordinación con el Ejecutivo […] un contexto social más favorable”, uno podía sospechar qué otra finalidad podría tener tanta alharaca del consejo. Hasta que ayer se reveló un audio protagonizado por el presidente Martín Vizcarra y entonces muchas cosas empezaron a cuadrar en el rompecabezas.

En efecto, el clip filtrado a la prensa pertenece a una reunión sostenida entre el mandatario y algunas autoridades de la región Arequipa, el pasado 24 de julio, cuando la huelga en el sur del país por el proyecto se encontraba en un punto álgido. Como es sabido, la posición de varias autoridades arequipeñas, entre ellas la del propio gobernador regional, es la de cancelar la licencia de construcción de la mina.

En la reunión, el presidente Vizcarra reconoce que no puede actuar hasta que el consejo decida sobre los pedidos para revocar la licencia (“el tema administrativo no se puede adelantar, por eso diré que vamos a analizar la posición presentada, ya ustedes saben cuál es mi posición, pero no puedo adelantarla públicamente”). Sin embargo, les promete a las autoridades locales: “Sabiendo cuál es mi posición, que transparente y abiertamente se las he dicho, [hay que] buscar alternativas de solución. No podría ahorita yo salir y decir ‘voy a cancelar’ [la licencia], no. ¿Bajo qué argumento? O sea, tengo que preparar el argumento. Tengo que preparar […]. Pido que me comprendan”.

Pues bien, hay varias conclusiones que uno puede extraer e inferir de lo revelado. Para comenzar, que el Ejecutivo, que hasta donde sabíamos todos iba a fungir como mediador entre la empresa y la comunidad para que la primera pueda operar, ha venido jugando un rol parcializado, con una posición ya prefijada de antemano. Por ende, su papel como árbitro en este conflicto ha quedado, cuando menos, bastante percudido y difícilmente pueda ahora garantizar lo contrario.

Dicha posición, además, solo la conocían los asistentes a esa reunión, a los que el presidente les había confiado su postura de manera “transparente y abierta”. Lástima que el mandatario no haya exhibido la misma ‘transparencia’ y ‘apertura’ con los ciudadanos y con la empresa, a los que no solo ocultó esta situación, sino que la tergiversó cuando, tras la reunión, declaró ante la prensa que “la posición del Gobierno [es la] de cumplir los procedimientos administrativos que corresponden. […] Hay un proceso de revisión iniciado […] que va a ser fundamentado y ampliado con documentación que se tiene y que van a alcanzar para que lo evalúen, lo ponderen y, en función de ello, tomar la decisión que corresponda”.

No parece, pues, que el Gobierno necesitaba ‘evaluar’ ni ‘ponderar’ nada. Para ser francos, todo indica que la decisión ya estaba tomada de antemano y que lo único que faltaba era ver la manera en la que lo edulcoraban o rellenaban para darle apariencia técnica; o, dicho en palabras del presidente, faltaba “preparar el argumento”.

Tomando en cuenta todo lo anterior, pues, la afirmación que dio a una emisora radial el titular del MEM, Francisco Ísmodes, de que la suspensión de la licencia para Tía María había sido decidida por el consejo de manera “autónoma” y sin ninguna injerencia del presidente está ahora en duda.

Preocupa, en fin, que el mandatario haya preferido limpiarse las manos del desaguisado que significa Tía María buscando proteger su preciada popularidad en un asunto que resultaba incómodo para su gestión, aun cuando ello implicaba jugar en desmedro de una empresa que había cumplido con todos los requisitos legales, poner en incertidumbre la estabilidad jurídica de las inversiones en el país, herir la institucionalidad y esconderle la verdad al resto de peruanos. Un desenlace que no resulta tan inverosímil ante un presidente que nunca mostró su apoyo a una decisión (otorgar la licencia) tomada por su propio gobierno.