De la contención a la convivencia

Los problemas que enfrenta Alejandro Soto para terminar de instalarse en la presidencia del Congreso han vuelto a poner los reflectores en este poder del Estado. La reacción, que parece carecer de sustento, se vuelve aún más exasperante por la parsimonia y la desfachatez con que actúa: Soto ha anunciado que recién el 28 de agosto sostendrá una conferencia de prensa “con la finalidad de resolver las consultas de los medios de comunicación respecto a la coyuntura política y otros”.

¿Es Soto el único problema que enfrenta el Congreso? En realidad, su elección de hace algunas semanas constituye más un síntoma que un diagnóstico. Es que solo en una dinámica parlamentaria como la instalada actualmente –llena de errores de apreciación en torno de la coyuntura política y de severas acusaciones en casi la totalidad del espectro político– alguien con tantos pasivos tiene espacio para una responsabilidad tan alta.

Esa dinámica ha mutado desde la contención que enfrentaba frente al gobierno de Pedro Castillo hacia la convivencia en la que se comparten desgaste y responsabilidades políticas con el de Dina Boluarte. Durante la contención, se eligió responsablemente a los integrantes del BCR que correspondían al Parlamento y se archivó en la Comisión de Constitución la descabellada propuesta del Ejecutivo de propiciar una asamblea constituyente.

En la convivencia, en cambio, cuatro de cada cinco (78%) de las propuestas que tiene listas la Comisión de Economía para que se debatan en el pleno tienen opiniones desfavorables u observaciones de distintas instituciones técnicas, según un reporte de Israel Lozano y Martin Hidalgo (El Comercio, 16/8/2023).

¿Qué pasará si esas leyes se aprueban en el pleno y, en concordancia con las opiniones vertidas, son observadas por el Ejecutivo? De más está decir que varias de las instituciones técnicas mencionadas forman parte de este último. Seguramente, en una proporción no desdeñable, regresarían al Congreso y serían aprobadas por insistencia.

Al carecer de apoyo ciudadano y de bancada propia, el Ejecutivo parecer haber perdido fuerza. No resulta apropiado hablar de una “dictadura parlamentaria” cuando se tiene un Parlamento tan fragmentado como el actual, pero sí puede decirse que hay un apabullamiento: confundir, intimidar a alguien, haciendo exhibición de fuerza o superioridad.

Esta situación hace que la suerte de ambos poderes del Estado parezca estar atada. Si sirve como indicador la aprobación ciudadana, entre el 10% que aprueba al Congreso y el 14% que respalda a Boluarte (Ipsos-América Televisión, 13/8/2023) hay muy poca diferencia. Las cifras, además, son constantes en el último trimestre.

Irónicamente, del Parlamento debe esperarse algún rumbo ante cualquier crisis del régimen: la crónica que podría tornarse terminal si la precariedad del Gobierno persiste o la súbita que surja de manera precipitada por un algún escándalo de proporciones mayores. No debería aspirarse a más. Salvo alguna reforma puntual, que propicie algunas mejoras concretas (como permitir la reelección inmediata en el Parlamento), cualquier optimismo por una regulación positiva con miras a los próximos comicios –sin importar el plazo en que estos se den– parece fuera de lugar.

Así las cosas, y con tres años de vida por delante, el Congreso se constituye en una seria fuente de incertidumbre y preocupación, sobre todo para la actividad económica, seriamente golpeada por la convulsión social del cambio de gobierno y la ausencia de una sensación de urgencia en el liderazgo político nacional. Si a ello se agrega la creciente ubicuidad de indicadores económicos negativos, el cuadro es aún más alarmante. Si hace un año las preocupaciones se originaban en la Plaza de Armas, hoy la plaza Bolívar hace su parte. Hay riesgos como cancha.