Qué penita..., por Carlos Adrianzén Cabrera

Es muy importante recordar. No obstante, si el ataque contra las administradoras de fondos de pensiones (AFP) ha tenido éxito, ha sido porque la mayoría de sus afiliados tiene entre ojos al sistema y olvida la vergonzosa historia previsional peruana, cuando las jubilaciones cayeron en manos de la burocracia. 

No solo me refiero al Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) y a las decenas de fondos estatales de reparto esquilmados, sino también al desempeño de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), en que la mitad de los ahorristas no calificaría para una jubilación ni recibiría la devolución del valor actualizado de lo aportado. 

No obstante, existe un valor a preservar del sistema de las AFP: los ahorros acumulados. Hoy los fondos de los trabajadores suman US$34.786 millones. 

Es cierto, nuestros burócratas han hecho de las suyas con ellos. Han tomado parte para financiar gastos del gobierno, asegurado un entorno rentable para las AFP, nombrado directores dizque independientes, subastado las nuevas afiliaciones y prohibido su plena y libre diversificación global. Sin embargo, hay que reconocerlo: el grueso de lo ahorrado sigue allí.

Nuestra historia económica nos enseña también otra cosa: existe el mercantilismo. Esa práctica en la cual los empresarios se alían con los funcionarios distribuyéndose favores mutuamente. Y es que el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Economía del Congreso –que permitiría el retiro voluntario por parte de los afiliados hasta del 95,5% de su fondo al cumplir los 65 años– ha destrozado algunos corazoncitos.

De por sí este proyecto no implica un severo cambio de reglas para las AFP. Ellas solo tendrían que devolver a sus dueños una porción significativa de sus fondos a los 65 años. 

Lamentablemente, nuestra regulación previsional ha sido extremadamente mediocre. Hoy las AFP (supuestamente para protegernos) solo nos ofrecen quedarse con nuestra plata parcialmente mediante un retiro programado o entregar nuestros fondos a ciertas compañías locales de seguros. Y lo hacen porque, según ellos, seríamos ineptos e irresponsables. 

Que el Congreso les quite este pollito con papas sí que debe ser doloroso. O pierden a los clientes o tendrán que ofertar productos mucho más baratos y competitivos que una fría renta vitalicia local.

Frente a este cambio, no esperemos pasividad. Nos dirán que es inconstitucional permitir que se retire el fondo en una forma distinta a los productos que ellos venden, pero eso no es cierto. La gente sabe escoger y, en todo caso, esa plata tiene dueño. 

También repetirán que nos caeremos si ellos no nos protegen. ¿Pero nos han protegido acaso de “invertir” US$6.400 millones en papeles de deuda pública peruana? 

La cosa es clara y nosotros muy viejos para que nos asusten. Si los congresistas no retroceden, les pagaremos a estas empresas para que administren nuestros ahorros... si dan la talla. Pues hasta ahora, las hemos contratado por disposición estatal.