El resultado de las elecciones del 5 de octubre muestra no solamente la fragmentación ilimitada de la política peruana sino la preocupante tolerancia a la corrupción de la mayoría de ciudadanos.
Los casos paradigmáticos son los de Gregorio Santos en Cajamarca y Klever Meléndez en Pasco, el primero electo con 44 % de los votos y el segundo con 22 % disputando la ronda final. Ambos son presidentes que están presos por corruptos y buscan la reelección.
En Áncash, Waldo Ríos, tránsfuga comprado por Vladimiro Montesinos y sentenciado por corrupción, también estará en la segunda vuelta. Según dicen en esa región, el también encarcelado César Álvarez financió su campaña. Al parecer, Álvarez se equivocó al no postular. Si lo hacía probablemente hubiera obtenido un resultado descollante como sus compañeros de prisión Santos y Meléndez.
Algunos suspiran aliviados porque en Moquegua no fue electo el candidato antiminero y no parece preocuparles que ganó con 49% Jaime ‘Jamocho’ Rodríguez, ex presidente regional (2007-2010), que en un encuentro con sus partidarios admitió que él había robado pero solo en carretilla, cuando otros robaban en camión.
En Cusco, región millonaria por el canon de Camisea, ganó Benicio Ríos del APU con 23% e irá a la segunda vuelta. Como ha recordado Mirko Lauer, Ríos fue vacado por nepotismo como alcalde de Urubamba el 2010 a pesar de lo cual fue de inmediato reelegido por sus coterráneos. En la provincia cusqueña de La Convención, con un presupuesto de 1.900 millones de soles para el próximo año (Gestión 9.10.14) también ganó el APU, con una campaña millonaria y luego de haber promovido los disturbios de agosto pasado que costaron muertos y heridos.
Cusco es una plaza codiciada y maltratada. El presidente regional 2011-2014, electo con el humalismo, Jorge Acurio, fue sentenciado por corrupción y vacado del cargo. El anterior presidente Hugo Gonzales (2006-2010) está preso, sentenciado por corrupción.
Gobiernos regionales y municipios desmedidamente ricos son un botín muy disputado.
En Trujillo ha ganado la alcaldía provincial el coronel PNP (r) Elidio Espinoza con 32%, procesado por encabezar un escuadrón de la muerte. Según reportes del diario “Correo”, Espinoza adquirió recientemente dos casas por más de un millón cien mil soles. Por una de ellas pagó una cuota en efectivo de 625.000 soles. ¡Ni Lucianita es tan ahorradora como este policía en retiro!
Una denuncia es que Espinoza –del movimiento Seguridad y Honradez– ha participado en el cobro de extorsiones con la banda Los Malditos de El Triunfo. (El Comercio, 1/10/14).
Varios políticos han cortejado al policía retirado, ignorando que en el continente es ampliamente conocido que los escuadrones de la muerte suelen estar vinculados con grupos criminales para cometer delitos y acabar con sus adversarios.
En Lima, según Datum, el 49% pensaba que Luis Castañeda robaría y haría obras. Ganó con 51 %.
Con gran desparpajo el presidente Ollanta Humala ha dicho que no debería permitirse postular a candidatos con denuncias, olvidando que él estaba acusado por los crímenes de Madre Mía cuando postuló –y después por sobornar a los testigos–. Y que ha nombrado como ministro del Interior a un procesado por asesinato.
Otra característica distintiva de este proceso ha sido la violencia preelectoral y poselectoral, que ha costado la vida a alcaldes y candidatos y suscitado tomas de locales y destrucción de material electoral.
Por último, hay que mencionar otra novedad, la superposición de políticos corruptos con el crimen organizado, como en los casos de Áncash, Tumbes y Chiclayo.
En síntesis, hay dos problemas claves. El primero, la degradación de las instituciones encargadas de perseguir el delito que permiten que la corrupción prospere, por lo menos hasta que estalla un escándalo muy grande.
El segundo, la tolerancia a la corrupción de los electores, una de cuyas explicaciones principales es la enorme proporción de informalidad, de personas que viven burlando la ley y que observan con admiración lo bien que les va a muchos políticos y funcionarios pícaros.
La posibilidad de cambio está en un gobierno honesto, capaz y decidido a enfrentar la corrupción. El sistema anticorrupción creado el 2000 demostró que sí se puede lograr resultados en plazos relativamente cortos. Tenemos una nueva oportunidad el 2016. Si la desperdiciamos, la espiral de violencia y corrupción seguirá degradándonos.