El fin de Tía María, por Fernando Rospigliosi

El proyecto minero Tía María está liquidado aunque el gobierno y la empresa, al momento de escribir estas líneas, se nieguen todavía a reconocerlo. En verdad, no quieren admitir que han sido derrotados y están buscando una salida decorosa para que la capitulación no parezca tal, es decir, de disimular su fracaso. El problema es que cada día que pasa la violencia desatada por los antimineros cobra nuevas víctimas, heridos y muertos, entre policías y civiles, y provoca un enorme daño a la mayoría de la población que no participa en los disturbios.

La decisión del gobierno de hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en Islay no va a cambiar las cosas y eventualmente podría provocar más víctimas.

No es seguro que la presencia militar disuada a los revoltosos. Si eso no sucede, es decir, si siguen las manifestaciones y bloqueos ¿qué pueden hacer los militares? Solo una cosa, disparar con fusiles. Ni su entrenamiento, ni su experiencia, ni su equipamiento les sirve para otra acción. ¿Está el gobierno dispuesto a dar la orden a los soldados de disparar a la multitud?

Hay varias experiencias recientes en las que ni el estado de emergencia, ni la presencia militar sirvieron para acabar con una revuelta cuando ésta había llegado a determinado nivel. Por lo general exacerban los ánimos, causan más víctimas y no logran imponer lo que se estaba buscando.

En el supuesto que se pudiera derrotar la revuelta, que ya lleva casi 50 días, con tropas en las calles, eso no garantizaría en modo alguno que el proyecto minero pueda realizarse. ¿Cuánto tiempo tendría que prolongarse esa situación? ¿Van a mantener a centenares o miles de policías y soldados indefinidamente en el valle del Tambo? ¿Qué ocurriría cuando se otorgue el permiso de construcción de la mina y empiecen los trabajos? ¿Qué hacer cuando los agitadores, con los ojos puestos en el próximo proceso electoral, realicen movilizaciones y paros de solidaridad en Arequipa y otras ciudades del sur?
Este gobierno ya tiene en su haber 59 muertos y centenares de heridos en conflictos. (“Gestión”, 7/5/15). Hay que añadir a esa luctuosa contabilidad al policía Alberto Vásquez que falleció el sábado después de ser masacrado por los huelguistas. Y fue un gobierno que a su inicio proclamó a los cuatro vientos que él sí sabría resolver los conflictos sociales armoniosamente y sin una sola víctima.

El gobierno ha sido incapaz de poner orden antes. Las leyes vigentes prohíben bloquear carreteras y sancionan con elevadas penas de cárcel a quienes lo hacen. También reprimen con prisión a quienes atacan con extremada violencia a los policías y les causan daños. Y así sucesivamente. ¿Acaso el gobierno ha podido aplicar esas leyes en  siete semanas de disturbios en Islay? Peor aún ¿acaso pudo aplicarlas hace algunos meses en Pichanaki? ¿Acaso las aplicó en Cajamarca, durante o después del conflicto de Conga? ¿Alguien cree que podrá hacerlo ahora?

La catadura de varios de los dirigentes de los disturbios ha sido puesta al descubierto con la difusión de algunas de sus conversaciones. Según esas denuncias, Pepe Julio Gutiérrez, militante de Tierra y Libertad, negociaba un pago de un millón y medio de dólares para él y otros dos dirigentes a cambio de levantar la huelga. Es probable que el intento de cobrar ese soborno sea cierto. Pero eso no cambiará la situación.

Primero, porque una vez desatada la violencia, hay grupos organizados que escapan al control de esos dirigentes y que persistirán en su tarea de provocar enfrentamientos y escaramuzas con las fuerzas del orden. Segundo, porque mucha gente no dará crédito a esa información o no le importará, como ocurrió con Gregorio Santos en Cajamarca que, preso por corrupción, ganó abrumadoramente la elección regional.

Ya es hora de asumir la realidad. La Southern –que ha hecho lo suyo para empeorar las cosas- debería suspender el proyecto minero, en espera de un nuevo gobierno más hábil, competente y enérgico. Es una derrota para la empresa, para el gobierno y para el país, que necesita hoy con más urgencia que antes inversiones en minería y en todos los sectores. Pero está claro que en estas condiciones Tía María no es viable.