Iniciativa contra la informalidad, por Rolando Arellano

¿Por qué crece la economía y disminuye el número de pobres, pero la informalidad aumenta? Quizás porque las autoridades no toman en cuenta el daño colateral, fomentar la informalidad, que algunas de sus acciones generan. Veamos casos recientes, y planteemos una herramienta para luchar contra ello.

1. Decreto de urgencia para la construcción. Al demorar su decisión sobre si permite trabajar a las constructoras sospechosas de corrupción, se paraliza el empleo de miles de trabajadores y empresas anexas. Aun si se las exonera luego de culpa, ya habrán quebrado cientos de proveedoras presionadas por deudas, que reaparecerán después informalmente, ligadas al sistema financiero paralelo.

2. Aumento del salario mínimo. Esta iniciativa que parece de justicia social en realidad hace más difícil a las medianas y pequeñas empresas estar en la formalidad. No es que los puestos de trabajos no se creen o que desaparezcan los existentes, sino que, al no poder cubrir los costos mayores exigidos por el sistema, las empresas más frágiles se refugian en la informalidad, haciéndola crecer.

3. Reglamentación del recojo de la leche. Este proyecto sacaría del sistema a miles de pequeños ganaderos, cuya única relación con el sector formal es por la empresa que industrializa su leche. Así, a estos empresarios solo les quedaría vender directamente al público (si hubiera mercado) o a productores informales de queso con procesamiento no controlado. Se empuja a los pequeños a la informalidad y se estimula a los procesadores informales.

4. Etiquetas, cebiches y pop-corn. En los casos de multas por la denominación en las etiquetas de leches, de los cierres y penalidades a cadenas de cebicherías y del ingreso con golosinas a las salas de cine, el elemento común es que todos conciernen a empresas formales. No se discute aquí la pertinencia de las medidas, tema de otro artículo, sino que ellas ocupan casi todo el tiempo de las autoridades (y de líderes de opinión y asociaciones de consumidores, que las presionan), lo que, por tanto, deja trabajando tranquilos a los informales.

Se observa entonces que el problema de la informalidad no es solo culpa de los informales, sino también de las autoridades, que la estimulan con sus acciones y proyectos. Por ello, si realmente queremos hacer del Perú un país ordenado, deberíamos exigir que todas las acciones y propuestas del Legislativo, Ejecutivo y gobiernos regionales y locales pasen por un índice formalidad-informalidad (FI), que muestre cuánto está contribuyendo para uno u otro lado. Para evitar que el daño colateral que ocasionan sus acciones aumente esa informalidad que nos sirvió para sobrevivir, pero que hoy es un lastre para crecer.