Keiko Fujimori está presa. El juez Richard Concepción Carhuancho le dio luz verde a la medida solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Keiko por supuestamente haber financiado su campaña del 2011 con dinero mal habido de la empresa Odebrecht.
¿Es la detención abusiva y exagerada?, lo más probable es que sí, pero esta es una discusión que empezó mucho antes de que metieran presa a Keiko. Todos estamos de acuerdo con que en el Perú se encarcela a ciudadanos de manera arbitraria, violando su presunción de inocencia, pero esta es una realidad que tenemos que reclamar siempre, no solo cuando el detenido es nuestro amigo o nos simpatiza.
El punto más sensible es si estamos ante un caso sólido o si se trata de una persecución política. La investigación llevada a cabo por el fiscal José Domingo Pérez señala que la campaña electoral del 2011 se financió con dinero que el fujimorismo no puede sustentar. Recordemos que a inicios de este año, Jorge Barata, el representante de Odebrecht, aseguró que su empresa había entregado un millón 200 mil dólares para la campaña del entonces partido Fuerza 2011. Barata especificó que el dinero se entregó en varias armadas, siempre en efectivo, y que provenía del Departamento de Operaciones Estructuradas, o dicho en cristiano, de la oficina de Odebrecht para coimear.
Barata podría estar mintiendo; sin embargo, en su investigación José Domingo Pérez ha encontrado que más de 650 mil dólares habrían sido donados suplantando las identidades de 114 personas y que se ha identificado a 48 personas que aportaron más de 700 mil dólares que no están justificados. Si a eso le sumamos los dos millones de soles recaudados en cocteles, polladas y rifas, todo parece indicar que el fujimorismo se volvió experto en el ‘pitufeo’ (el arte de diluir grandes aportes ilícitos en pequeñas donaciones ficticias).
Material para investigar a Keiko Fujimori hay de sobra, y si la fiscalía trabaja con diligencia todos los candidatos que en su momento recibieron dinero de Odebrecht tienen que ser materia del mismo escudriñamiento (no se oye Alan, quién dijo PPK). Lo que de ninguna manera puede permitirse es que se disfrace de persecución política y que se vocifere que estamos ante un golpe de Estado cuando todos los que fueron candidatos en los últimos veinte años saben que por sus campañas ha corrido plata de origen ilegal e indecente. Ante los ojos de la ONPE han desfilado, siempre disfrazados de algo más, aportes provenientes del narcotráfico, la minería ilegal, la tala indiscriminada, las empresas lobbistas, los contrabandistas, los traficantes de terrenos, los cocaleros y un largo y horroroso etcétera.
Tal vez Keiko está mal detenida, pero de ninguna manera está siendo mal investigada. Los brasileños están cantando, los fiscales investigando, los políticos cayendo. ¿Venganza? En realidad esto se llama justicia.