Rodrigo Cruz

Con su resolución del pasado 22 de junio, el juez supremo provisional ha zanjado la discusión en una primera instancia: la fiscalía sí puede investigar a un presidente en ejercicio. Hacerlo no colisiona con las prerrogativas que le concede el artículo 117 de la Constitución a todo aquel que ocupa la jefatura del Estado. El Ministerio Público, en consecuencia, seguirá con sus pesquisas para determinar si es, como presumen, líder de una organización criminal que beneficiaba a determinadas empresas con millonarias contrataciones públicas a cambio de sobornos.

Se ha dicho que estamos frente a un hecho sin precedentes: que por primera vez en nuestra historia político-judicial un mandatario está bajo una situación legal de este tipo. Los graves indicios de corrupción que sustentó la fiscalía justificaron la decisión del juez Checkley y hacen previsible que una segunda instancia resuelva en un mismo sentido.

También se ha dicho que no permitir que la fiscalía investigue al presidente, además de ser un mensaje en pro de la impunidad, significa dejar abierta la posibilidad para que los miembros de esta presunta organización criminal eliminen elementos probatorios u obstruyan los actos de investigación.

Pero poco se habla sobre los riesgos para la investigación fiscal que implica tener a un presidente investigado. Hablamos de alguien que, solo por citar unos ejemplos, es el jefe máximo de las FF.AA. y la PNP, es la persona que los miembros del Sistema de Inteligencia Nacional, que dirige la DINI, reportan y obedecen. En otras palabras, estamos frente a un funcionario que puede utilizar el aparato estatal para salvar su pellejo y el de sus cómplices.

Además, hay que considerar que como jefe de la DINI está el excomisario de Tacabamba José Luis Fernández Latorre (que tiene a su hermano menor, Elky, en la Dirección de Inteligencia de la PNP y a su hermano mayor, Carlos, en la Digimin). De igual forma, hay generales en actividad en la PNP que fueron ascendidos por este Gobierno en medio de denuncias de presuntas coimas para que estos se realizaran. Es decir, personas que le deben su puesto al presidente.

Tal vez la muestra más clara de este poder para frustrar la investigación son las fugas de Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Juan Silva. También, la reciente iniciativa de ley que promueve el Gobierno para sancionar con cárcel a quienes difundan información reservada de una investigación penal. Sin duda, son elementos de riesgo que hacen todavía más desafiante el reto de investigar a un presidente en funciones, que la fiscalía no debe de subestimar ahora que el juez Checkley ha dicho que la investigación contra Castillo es legal, y añadiría: urgente y necesaria para el país.

Rodrigo Cruz es periodista

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